¿Tienen sentido las empresas sociales forestales?

En 2010, el titular de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) planteó a The Economist que la silvicultura comunitaria “no tiene sentido desde el punto de vista económico; tal vez sí tenga alguna utilidad desde la perspectiva de la conservación y se justifica desde el punto de vista social”. Esta declaración tan categórica, dicha por el responsable de la política de fomento forestal, explica prioridades y orientaciones que privilegian la conservación y restauración; en segundo lugar, el acento económico en la promoción de las plantaciones en terrenos con capacidad agrícola para abastecer al sector de gran industria, y por último, a pesar de matices declaratorios, la promoción de la silvicultura en bosques manejados.

Y si las prioridades efectivas son las del presupuesto, no hay más que considerar que alrededor de 85 por ciento de los recursos de la Conafor va a programas de conservación, y a la producción millonaria, y mayoritariamente sin concierto, de plantas para reforestar, desconectadas de planes de manejo o propósitos específicos.

No es necesario optar por alguna de las opciones económicas, ya que el mercado nacional ha mantenido un dinamismo consistente que tuvo su prueba más contundente al transitar, con sólo una desaceleración breve, la crisis económica de 2008. Actualmente, la producción nacional sólo cubre la cuarta parte del consumo aparente y tenemos una balanza comercial negativa de más de seis mil millones de dólares: caben en el mercado nacional los grandes empresarios con plantaciones, los campesinos con bosques manejados y los competidores extranjeros. No obstante, hay que señalar que las comparaciones que generalmente colocan desfavorablemente la viabilidad económica de los bosques manejados soslayan que su productividad potencial (con cifras que alcanzan los 25 metros cúbicos por hectárea y año) es cercana a la de las plantaciones comerciales, las cuales tienen costos directos incomparablemente más altos y un costo de oportunidad por requerir de suelos aptos para la agricultura o la ganadería. Podemos por tanto concluir que es necesaria la contribución de la silvicultura comunitaria.

Visto desde el interés de la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, la evidencia es abrumadora en los predios sin beneficios económicos, estén dentro o fuera de áreas protegidas con restricciones de uso, que no son cultivados ni protegidos y tienen las peores condiciones de conservación, así como la mayor incidencia de contrabando. A la vez, en la cuenta de las áreas protegidas –y en el presupuesto para su atención-, no están incluidos terrenos sin aprovechamiento dentro de áreas con manejo legal y técnico, sea por inaccesibilidad o por ser protegidos por las comunidades. Esa superficie no ha sido cuantificada y podría alcanzar un tercio de las superficies con autorización de aprovechamiento, es decir, alrededor de dos millones de hectáreas en zonas sensibles y de alto valor para la biodiversidad.

Lo que destruye no es el aprovechamiento, sino la falta de protección y cultivo del bosque y, en estas condiciones, un manejo rentable es la clave para la conservación de los recursos: por sí sola, la conservación del patrimonio y los servicios ambientales justificaría mantener bajo esquemas de subsidios el aprovechamiento con manejo técnico.

La perspectiva social es contundente: por su localización geográfica y por su historia, los bosques y selvas en México tienen condiciones de aislamiento, de costos altos para la provisión de bienes y servicios a la población (que es la mitad de la total en el medio rural) y de baja productividad agrícola o pecuaria. Estos rasgos hacen que los territorios con existencias forestales concentren población pobre y dispersa, con pésimas condiciones de vida, donde no existen muchas opciones de vida digna y dentro de la ley; allí la incidencia de la criminalidad se ha concentrado hasta grados que cuestionan la gobernabilidad, la vigencia de las instituciones y el Estado de derecho. Y debe agregarse el incremento del peso de la población sin acceso a la tierra, ya mayoritaria en el grueso de ejidos y comunidades forestales, combinado esto con un promedio de edad de los titulares de derechos agrarios superior ya a los 60 años.

Todo ello junto hace no sólo urgente, sino necesario, dar prioridad al desarrollo de oportunidades que dejan ampliamente rebasado el esquema de cadenas productivas donde los dueños de los recursos los venden sin agregación de valor, lo que, a la vez, es una de las principales barreras a la competitividad, sobre todo por su incidencia en el costo del transporte.

Es evidente el sentido de las empresas sociales forestales y la captura local de valor en redes que sustituyan a las cadenas que valorizan ese recurso y generan oportunidades de empleo y mejora de los territorios forestales; tan evidente, que resulta difícil comprender la dificultad para colocar esta noción simple y llana en el discurso y decisiones de las políticas públicas.

¿Tienen viabilidad las empresas sociales forestales?

FOTOS: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

La evidencia muestra que, además de tener sentido, las empresas sociales forestales tienen amplísimos márgenes para competir y mejorar el potencial actual de proporcionar beneficios a sus dueños y, con ellos, beneficios ambientales.

La cancha: barreras para la competitividad en los territorios forestales mexicanos.

Alguien reprochó a los representantes campesinos el pretender un trato de excepción; tuvo un funcionario del Banco Mundial que ajustar el criterio diciendo: “las empresas campesinas de México no necesitan trato especial, sino trato igual que a las empresas favoritas, que gozan de estímulos fiscales, subsidios para la innovación, infraestructura, derecho de picaporte y mucho más”. Yo agrego: tampoco tienen que cargar con la obligación de sustituir al Estado en la provisión de servicios de educación, salud, agua potable o electrificación y, además, darle cuenta a la sociedad o a la humanidad, lo que sea que esto signifique, por el patrimonio natural que “es de todos, pero a ti te cuesta”.

Un galimatías de las empresas sociales forestales es el de los malabarismos para conciliar los apremios de competir, conservar y compartir. Me parece que éste tendría que ser un punto de partida para revisar la política respecto a la gestión forestal.

Quienes deben opinar y tomar decisiones harían bien en considerar en su juicio respecto de si “hace sentido económico” si las empresas sociales deben mantener y construir la infraestructura caminera, origen del principal concepto de costos de producción, o si la industria debe operar con motores de combustión interna por falta de energía eléctrica… y por el estilo.

Más allá de esta consideración básica, no se puede omitir lo que se ha dado en llamar ambiente de negocios, que en el Foro Económico Mundial está formado por los pilares de condiciones básicas, factores de eficiencia y de innovación, como son la educación y salud, las condiciones de mercado, la certeza en las transacciones, los servicios financieros y otros que dependen de los gobiernos de los tres órdenes. A estos parámetros hay que agregar otros como los costos que imponen la corrupción generalizada o la mala calidad y el precio de servicios como el de internet: No es lo mismo montar una armadora de coches en Ramos Arizpe, que un complejo agroindustrial en el filo de la Sierra Madre en Guerrero.

Las políticas forestales y las empresas sociales

En un contexto así de desfavorable, que podría y ciertamente debía cambiar radicalmente, las políticas públicas también tienen una influencia sustancial y un margen de mejora que se debe aprovechar. Se pueden señalar, como principales ejes: una regulación sofocante e ineficaz; una mala calidad del gasto; una política de comercio exterior que no protege la planta nacional ni promueve la participación externa mexicana y una deficiente promoción del desarrollo del mercado nacional.

Algunos márgenes de mejora en regulación, entre otros, son la reducción de los tiempos de respuesta, la precisión de los parámetros de regulación, para reducir la discrecionalidad; la supresión de la onerosa y discrecional manifestación de impacto ambiental; la operación en unidades regionales dotadas de planes de manejo concertados con valor administrativo; la autorización automática a los propietarios y técnicos con desempeño sobresaliente y otros. El costo de la regulación- corrupción y el de la incertidumbre son dos barreras a la competitividad relativamente fáciles de remover.

El gasto en el sector ha aumentado hasta montos significativos que aún podrían incrementarse con beneficios; una mejora sustancial es el cambio de proporciones del gasto, incrementando la cobertura y alcance de los recursos destinados a silvicultura y desarrollo de industria local, así como a la instalación de redes trans-regionales de productores que puedan enfrentar con éxito, desde pequeñas y medianas empresas, a competidores nacionales y foráneos con gran capacidad logística y de negociación; las reglas de operación de los programas con que se ejerce el gasto, también tienen un espacio amplio de mejora, si acomodan las reglas de manera más adecuada a las necesidades de los productores, por ejemplo, para apoyar activos públicos de conocimiento básico para el ordenamiento y la planeación de la gestión forestal o para el desarrollo de modelos de industria adecuados a pequeñas industrias familiares o locales que soporten el cambio de modelo de cadenas largas por el de redes productivas locales.

Si tres cuartas partes del consumo lo surten proveedores foráneos, principalmente chilenos, brasileños o estadounidenses, es casi una cuestión obvia que la autoridad responsable del desarrollo económico y el comercio internacional debería defender a los productores nacionales, por lo menos en el marco de los instrumentos legales disponibles, entre los que destacan las salvaguardas de los tratados comerciales, comenzando por descartar la presunción de prácticas de comercio no permitidas, como el disfrute de subsidios directos o indirectos. En sentido contrario, existe un marcado contraste entre el relativo vacío de acompañamiento y aliento que priva en México y una agresiva política de penetración y defensa que se observa en los países competidores, en forma de financiamiento sustancial a las exportaciones, información especializada y precisa con muy bajos costos, promoción de mercado por medio de ferias y mesas de negocios, así como la generación de normas eficaces de calidad y clasificación de productos, entre muchas otras medidas que si se aplican en México podrían emparejar la cancha de la competencia con los productores de otros países.

Las tareas de las empresas

Hay un amplio margen de mejoras pendientes a cargo del Estado y también de las propias empresas, en cuanto a remover barreras y promover cambios favorables para aprovechar ventajas y posibilidades; a la vez, esta acción necesaria tiene que ser el marco y objetivo de las reformas a las que el Estado debe dar énfasis.

México es lugar de origen de géneros y especies de importancia forestal, como el pino, el encino y una gran diversidad de especies tropicales. Esta circunstancia tiene por consecuencia una gran productividad debida a la adaptación de especies y variedades de árboles a las condiciones locales, así como una enorme diversidad cuya diferenciación puede constituir una estrategia de diferenciación en el mercado.

En bosques de clima templado del norte, las condiciones restrictivas para el crecimiento son menos severas que en los bosques canadienses y estadounidenses, pero una productividad inferior a la de los sitios más al sur se compensa con una calidad diferente de esas maderas, que se mantienen en el mercado de exportación; en bosques de trópico de altura, desde Nayarit hasta Chiapas, los crecimientos de la masa forestal alcanzan márgenes impresionantes, de hasta 25 metros cúbicos por hectárea por año de madera que, aun cuando es de una densidad y resistencia inferior a la de los bosques del norte, es de mayor consistencia que la madera chilena de plantaciones de pino insigne. Las maderas tropicales mexicanas tienen características que aún están por conocerse en mayor detalle; varias de ellas, como la caoba, el cedro rojo y el barí son muy conocidas mientras otras no lo son y tienen potencial para participar con ventaja en el sofisticado mercado de las maderas preciosas, especialmente en la industria europea donde algunas maderas asiáticas llegan a cotizarse en cuatro mil 300 dólares por metro cúbico mientras que en el mercado local en Quintana Roo pueden comercializarse a sólo 600 pesos mexicanos por metro cúbico. Estos parámetros no se ven reflejados en un increíblemente bajo promedio productivo nacional de un metro cúbico por hectárea por año.

Las empresas sociales, deseablemente apoyadas por el gobierno, pueden hacer cambios sustanciales al aplicar en campo procedimientos de ordenamiento forestal, podas, aclareos, métodos extractivos de bajo impacto, selección genética, plantaciones focalizadas de enriquecimiento y mejorar las actividades de manejo de fuego y protección ante plagas y contrabando.

Una parte importante de los costos de producción en condiciones de bosques manejados suele ser la conservación de caminos de saca y el transporte; la reducción de dichos costos puede lograrse con cambios en las estrategias de la cadena de abastecimiento (del monte a la industria), invirtiendo en la mejora de las especificaciones de los caminos principales con obras de manejo de agua y mejora de trazos en sitios críticos, así como aserrando en el monte mismo con equipo portátil, lo que reduce considerablemente el volumen no utilizable vendido.

Ya en el aserradero, se puede identificar una merma considerable de calidad y volumen, que puede alcanzar un 17 por ciento, debido a fallas técnicas, de manejo de patio y de organización, que pueden corregirse para incrementar las utilidades. La alineación, el ajuste y mantenimiento del aserradero, la elección de sierras adecuadas al tipo de material, el afilado oportuno y adecuado son medidas obligadas de mejora; el alineado de las trozas con la punta hacia la sierra y la clasificación por diámetros, así como el descortezado previo, ayudan a aumentar la precisión del aserrado y a reducir las vibraciones y los tiempos para ajustar los equipos a diámetros diferentes; para operar todo lo anterior es indispensable una buena organización, con líneas de mando claras y con esquemas de pago que combinen el rendimiento cuantitativo con la calidad de los resultados.

El acoplamiento de líneas accesorias de producción puede contribuir a la práctica anulación del desperdicio. El aprovechamiento de madera de cortas dimensiones puede incrementar la proporción de existencias disponibles en el arbolado; la producción de piezas semi manufacturadas, como dimensionados, maquinados y block para madera reconstruida, proporciona un canal para la valorización de materiales que se desperdician frecuentemente; por último, los residuos finales pueden ser materia prima para tableros aglomerados y, recientemente, se comienza a abrir el mercado de aserrín compactado como combustible de recambio frente a energéticos de mayor costo calórico.

No sirve de mucho el esfuerzo para hacer eficiente la producción si no es abordado el mercado: múltiples fracasos y algunos cuantos éxitos lo confirman. En el examen comparativo de los competidores foráneos y las empresas sociales forestales, concluimos que ambos son equiparables a grandes rasgos en cuanto a los costos de producción, pero que la logística, la homogeneidad del producto, la atención y servicios al cliente son las áreas donde la planta productiva mexicana (social o privada) ha perdido espacio.

De cara a esta noción, surge la urgencia de hacer un esfuerzo sustancial, en el que se requiere un fuerte soporte gubernamental, en el campo de la capacitación, la organización, la estandarización, catalogación y el ordenamiento de la producción, el desarrollo de aglomerados locales y redes organizadas en torno al diseño, control de calidad y mercadeo de los productos forestales manufacturados, en un modelo que sustituya el de las grandes empresas que fueron operantes en la gestión de monterías, paraestatales u oligopolios, pero que no ayudan a las redes locales de valor y la calidad de los territorios. En este renglón, vale mirar los factores de éxito del modelo italiano de redes de microempresas familiares organizadas en distritos industriales o, en otras palabras, que aquí, grandote, no es ya la solución ni es lo mismo que grandioso.

Conclusión:
¿vale la pena apostar por las empresas sociales?

Sin duda; en esta ecuación complicada, hay cuestiones de fondo que México, como país, no puede postergar más; a la vez, está en un horizonte más próximo una reforma radical indispensable a las orientaciones, prioridades y modos de las políticas públicas específicas del sector y, sobre todo, la decisión de los productores de recuperar sus territorios a punta de ponerlos a producir y, para eso, la decisión de organizarse y desarrollar las capacidades organizativas, gerenciales y de mercado para lograr lo que, teóricamente, es perfectamente posible, según lo que conocemos y también según experiencias aleccionadoras.

Desde una mirada objetiva, la silvicultura comunitaria, integrada en redes locales de valor, tiene todo el sentido social y ambiental y, también, económico. Hay que ponerse a trabajar en serio para que eso sea.