Los bosques de México: un enorme
potencial que está por realizarse

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS)

FOTOS: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS

Desde hace ya algunos años dentro de los centros de investigación y think tanks de mayor prestigio, así como en diferentes foros de análisis de la problemática rural en todo el mundo, se consolida la tesis de que la mejor forma de conservar los bosques es apoyar a las comunidades que los habitan, reconocer sus derechos sobre esos territorios e invertir en la infraestructura y las capacidades necesarias para que ellas puedan apropiarse de los procesos productivos vinculados con el aprovechamiento de los recursos forestales.

Docenas de países hoy día están dando pasos importantes en este sentido, valorando el papel de las comunidades en el resguardo de los territorios forestales y valorando la importancia del uso y aprovechamiento del bosque como factor de desarrollo y conservación.

En Guatemala, por ejemplo, se otorgaron concesiones de largo plazo a favor de las comunidades campesinas en el Petén para manejar sus bosques; éstas han demostrado su capacidad para desarrollar un manejo forestal sostenible. Además, el gobierno guatemalteco ha facilitado el camino para que las comunidades puedan integrar la cadena productiva forestal y hoy día ellas operan una importante empresa exportadora de productos del bosque. Así como en Guatemala, en otros muchos países las comunidades campesinas están dando pasos importantes en este sentido y se desarrollan iniciativas en Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Honduras, Nicaragua, Colombia, Vietnam, Filipinas y Papúa Nueva Guinea.

En México están puestas las bases desde hace muchos años para que el manejo de los territorios forestales por parte de grupos campesinos se convierta en uno de los motores del desarrollo del campo y de la conservación de los ecosistemas. El reconocimiento y la legalización de los territorios comunitarios logrados en el marco de la reforma agraria, la propiedad social de la tierra, las capacidades acumuladas en tres décadas de silvicultura comunitaria y el capital social con que cuentan esas comunidades, dan a las regiones campesinas un enorme potencial. Sin embargo, la falta de un compromiso serio de parte de la administración gubernamental para con las comunidades rurales ha impedido que ese potencial se haga realidad.

La inversión del Estado en el desarrollo de sector forestal campesino es muy limitada y el marco regulatorio impide el establecimiento de una plataforma equitativa para el desenvolvimiento de las comunidades.

En el medio rural, las verdaderas inversiones del Estado para los renglones de infraestructura, investigación y crédito están concentrados en regiones de alta productividad como el Bajío y el Valle del Fuerte en Sinaloa, por ejemplo, y van dirigidas al impulso de empresas intensivas en capital, que concentran la riqueza y deterioran el medio ambiente con el uso permanente de herbicidas, insecticidas y fertilizantes.

Las instituciones gubernamentales mexicanas consideran que las economías campesinas no son competitivas, que los aprovechamientos forestales deterioran los ecosistemas y que la propiedad colectiva de la tierra agrava estas dos situaciones.

En consonancia con lo anterior, la legislación mexicana para el aprovechamiento de los recursos del bosque es excesiva, lenta y complicada. Esta sobrerregulación que padecen los productores forestales se alimenta también de los múltiples lineamientos que se tienen que cumplir para aprovechar lo que ofrece el bosque.

En realidad las políticas forestales han dado una enorme prioridad, en los 20 años recientes, al tema de la conservación pasiva de los bosques, en lugar de impulsar la producción sustentable. Esto, sumado al fuerte sesgo asistencialista que marca estas políticas, entorpece los esfuerzos por hacer de la silvicultura comunitaria el motor del desarrollo en las regiones forestales.

Frente a la problemática arriba descrita, las comunidades rurales están siendo impactadas de manera muy importante. Si bien aún existen cerca de 600 ejidos y comunidades en todo el país que poseen una importante riqueza forestal y tienen sus propias empresas forestales comunitarias. ellas operan en un entorno muy adverso. Muchos ejidos sustituyen ahora la vegetación forestal por plantíos o la siembra de pastos para la crianza de ganado que no requiere tantos trámites. Algunas otras comunidades han optado por contratar con empresas privadas para que sean ellas quienes realicen el aprovechamiento de sus bosques bajo un esquema rentista, cancelando así las posibilidades de mejorar el bosque y generar capacidades locales que les permita mejorar sus medios de vida.

Además, frente a las dificultades que enfrentan para desarrollar iniciativas de aprovechamiento de sus recursos naturales, miles de ejidatarios están optando por migrar para emplearse como obreros o camareros en los corredores turísticos. De esta manera vastos territorios rurales se están quedando sin el resguardo que por décadas han tenido por parte de las comunidades campesinas dando paso así a las iniciativas mineras, turísticas, agroindustriales y urbanas que despojan a los campesinos de sus derechos y desarrollan sus actividades con esquemas que generan impactos negativos en lo ambiental y lo social.

Resulta paradójico que mientras en todo el mundo se discute y se consolida la tesis de que el manejo forestal en manos de las comunidades locales es la clave para la conservación de los recursos naturales y para el desarrollo de local, en México se crean condiciones adversas para que esto suceda.

Pese a todo, en nuestro país la oportunidad sigue ahí, y son muchas las comunidades forestales que mantienen su apuesta por el desarrollo sustentable. Aprovechando su tozudez, multiplicando sus capacidades, apoyando su resistencia en defensa de los recursos naturales, es posible conservar los bosques y alcanzar mejores condiciones de vida.

Es hora de aprovechar esta fuerza para el desarrollo de las regiones campesinas. Sería un grave error desperdiciar las capacidades de la población rural, dejar que se diluya el capital humano, permitir que se erosione la propiedad social. Para aprovecharla debe consolidarse una estrategia gubernamental que de verdad apueste por las comunidades locales y por el manejo sustentable de bosques y selvas. Esto permitirá realizar el potencial del país en la materia y desarrollar economías locales, generando ingresos y alternativas productivas en lugares donde hay pocas opciones y conservando recursos y servicios ambientales imprescindibles para todos.

Si no se emprende un hondo proceso de cambio en la relación del Estado con el campo, si no se invierte el énfasis y se quita el foco en favorecer la inversión extranjera para ponerlo sobre el manejo del bosque natural en manos de los ejidos, comunidades y pequeños productores, México habrá dejado pasar una gran oportunidad.

Para enfrentar los retos, habrá que eliminar el clientelismo de la práctica gubernamental, la inversión en capacidades deberá reemplazar al asistencialismo y la regulación deberá ser rediseñada para de verdad impulsar el aprovechamiento sustentable y la conservación de los recursos naturales, no para añadir trámites a una lista de por sí larga. De otra forma, el país seguirá erosionando su futuro y deteriorando su presente.

Subsidios forestales

Iván Zúñiga Coordinador de Política Pública del CCMSS

A 14 años de haberse creado la Comisión Nacional Forestal (Conafor), los subsidios otorgados por el Proárbol y el Programa Nacional Forestal (Pronafor) han tenido un marcado enfoque asistencialista y conservacionista que no ha respondido de la mejor forma a los problemas sociales que se viven en el campo y a la pérdida de nuestros recursos más valiosos: la tierra, el agua, los servicios ambientales, la biodiversidad y las culturas vinculadas a ellos.

En los primeros años del calderonismo el país ganó récords mundiales de siembra de arbolitos (que no es lo mismo que reforestar) y creció el Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSA) hasta representar más de mil millones de pesos al año (casi una tercera parte de los subsidios anuales distribuidos por la Conafor) con el objetivo de que los campesinos “no toquen” el bosque. Estas inversiones fueron aderezadas con subsidios a privados (empresas y personas) para desarrollar plantaciones comerciales y con poca inversión en la silvicultura comunitaria. Todo esto con una gran dispersión geográfica, atomización del dinero y una política asistencialista que desatendió el fortalecimiento de las capacidades productivas e institucionales de los propietarios de los bosques.

Durante los últimos años de ese mismo gobierno y ante la necesidad de mitigar un déficit anual de madera superior a los 12 mil millones de pesos, se hizo un esfuerzo importante por focalizar los subsidios, concentrarlos geográficamente en la regiones forestales más importantes, invertir más recursos en el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias y dar mayor coherencia a una política sectorial que seguía jaloneada entre la protección de los bosques y el impulso a los aprovechamientos forestales sustentables.

Y a pesar de las buenas intenciones de algunos funcionarios para cambiar el esquema de “no tocar”, el programa PSA continuó como un subsidio directo al consumo, y no a la inversión para generar círculos virtuosos de largo plazo por medio del fomento a iniciativas comunitarias para aprovechar sustentablemente los recursos forestales y abastecer las materias primas que requiere el país.

Así, llegamos a la actual administración con un programa PSA sobrecargado que hay que mantener, porque quien ya tuvo este subsidio se vuelve dependiente de él (y quien no lo tiene, quiere entrarle como sea a la fila del cajero automático), además de que requiere poco esfuerzo institucional.

Este enfoque hacia el PSA se mezcla con inversión hacia los grandes productores comunitarios para conseguir las ambiciosas metas de producción maderable (casi duplicar en seis años la producción nacional), lo que está provocando en algunos casos presión hacia los bosques, y con inversiones renovadas para que se establezcan nuevas plantaciones comerciales, sin grandes cuestionamientos a qué será de los pequeños productores de madera en bosques manejados.

Con esto como telón de fondo, sería fácil quedarnos en la idea de que los subsidios otorgados por la Conafor desde el calderonismo para acá han sido en su mayoría asistencialistas, pues han buscado dar un poco de ingreso a las familias que habitan los bosques pero con poco esfuerzo gubernamental para fomentar que los recursos forestales se conviertan en un motor sostenible de las economías locales más marginadas y empobrecidas del país.

Sin embargo, es importante reconocer que también desde las trincheras de la Conafor hay quienes han hecho un esfuerzo importante para cambiar la política y la orientación de los subsidios hacia esquemas productivos (no sólo maderables); hacia el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para el uso y control de sus recursos, y hacia una conservación activa de los bosques y selvas que no sólo ayude a mantener los servicios ambientales, las culturas locales y la biodiversidad, sino también permita una mejor adaptación al cambio climático.

Más allá de los grandes vaivenes, dislates y aciertos de la política forestal y el uso de los subsidios de la Conafor en el tiempo, sigue presente el reto de convertir la riqueza forestal del país y su biodiversidad en una fuente de bienestar e ingresos para quienes viven en las regiones forestales, con base en una política pública que, en lugar de prohibir el uso de los bosques y selvas, aliente al desarrollo autogestivo y no dependiente de la maquinita de dinero gubernamental.

Conservación, manejo de ecosistemas y producción forestal Enrique J. Jardel Peláez Universidad de Guadalajara FOTO: Eugenio Fernández Vázquez / CCMSS La conservación es un componente fundamental del manejo forestal. Aunque por lo general se asocia con el establecimiento de áreas protegidas para la preservación de especies amenazadas, hábitats con alta diversidad biológica o valores escénicos del paisaje, la conservación tiene que ver, sobre todo, con el mantenimiento a largo plazo de la capacidad de los ecosistemas para proveer una serie de beneficios indispensables para la vida, el sustento y el bienestar de los seres humanos. La producción forestal depende de la conservación de los recursos bajo aprovechamiento, así como del agua, los suelos y la biodiversidad. Esto era reconocido así en los orígenes del manejo forestal, hasta que con la Revolución Industrial y la expansión del capitalismo, la tierra y los recursos se convirtieron en mercancías para ser explotadas bajo la lógica de la máxima ganancia, y los parques y reservas se establecieron para evitar la transformación de algunos paisajes silvestres amenazados por las actividades económicas. Producción y conservación quedaron separados en diferentes sectores del gobierno y surgió la confrontación entre “productivistas” y “preservacionistas” acerca del destino de las áreas forestales. Si bien ambos enfoques se contraponen, comparten la idea de que el control gubernamental centralizado es indispensable para regular el aprovechamiento forestal y administrar las áreas protegidas. Los servicios forestales y de conservación comparten como herencia común el monopolio profesional tecno-burocrático del manejo forestal y la lógica de comando y control basada en un cientificismo reduccionista. También mantienen la impronta de la administración forestal de las monarquías y feudos de Europa y de las compañías comerciales coloniales. En consecuencia, comparten también el conflicto permanente con las comunidades de las áreas boscosas, cuyas formas ancestrales de manejo y uso múltiple de la tierra y los recursos naturales han sido durante mucho tiempo ignoradas o despreciadas. No obstante, buena parte de los hábitats forestales y la biodiversidad se conservan en los territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas. En el caso de México, la experiencia del manejo forestal comunitario (MFC) ha mostrado la posibilidad de integrar la producción forestal comercial, los usos tradicionales de los recursos naturales y la conservación de la naturaleza, con una gestión basada en instituciones comunitarias. Algunos elementos claves del MFC han sido el ordenamiento territorial comunitario estableciendo zonas de producción y de conservación, la adopción de buenas prácticas silvícolas y la aplicación de medidas de conservación de suelos y de mitigación del impacto ambiental de la cosecha y extracción de productos forestales. Se han incorporado también principios y criterios de certificación del manejo forestal, como la protección de atributos de las áreas forestales que son de alto valor para la conservación. Actualmente, tanto en el MFC como en la legislación y los programas gubernamentales, se reconoce la importancia de la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas forestales como proveedores de “servicios ambientales”; éstos incluyen el soporte de los procesos que hacen posible la vida en la Tierra, la regulación ambiental, el aprovisionamiento de recursos naturales y el mantenimiento de valores culturales. Tales funciones de los ecosistemas son el resultado de procesos como la fotosíntesis y la producción primaria, los ciclos de agua, carbono y nutrientes, las interacciones biofísicas de la vegetación con la atmósfera que regulan el clima, la formación de suelos, o la regeneración natural y la sucesión ecológica después de eventos de perturbación. Los servicios ambientales que obtenemos de los bosques y la producción sostenible de recursos forestales dependen de la conservación de lo que podemos llamar el “ABCD” del manejo de ecosistemas: (a) agua y suelos, recursos esenciales y base de la productividad forestal; (b) biodiversidad, que mantienen el funcionamiento de los ecosistemas y su resiliencia y capacidad adaptativa frente a cambios ambientales, además de proveer recursos bióticos; (c) cobertura forestal, de la que dependen las interacciones biofísicas que regulan el clima y el ciclo del agua, y que proporciona protección a los suelos y hábitat para la biota, y (d) dinámica de los procesos ecosistémicos, dentro de su régimen de variación natural o histórica. Los servicios ambientales son esenciales para la vida y no son sustituibles; son algo tan esencial, valioso e irremplazable, que no pueden quedar sujetos a las leyes del mercado autorregulado, a pesar de las ilusiones y teorías de los economistas ambientales. Es tiempo de superar el divorcio entre la conservación y la producción en el manejo forestal. Como lo planteó hace 300 años Hans von Carlowitz, en su Silvicultura Oeconomica (1713), aunque con otras palabras, el propósito del manejo forestal es conservar recursos productivos y funciones ambientales de los bosques para las actuales y futuras generaciones. Muchas experiencias del MFC indican que esto puede ser posible.

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