El embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, no cumple con el requisito constitucional de residencia mínima de dos años en el país previa al día de la designación de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que si el Senado de la República opta por su designación, estaría violando el artículo 95 fracción V de la Carta Magna, y eso daría lugar a que procediera una controversia constitucional, con amplias posibilidades de que Medina Mora tuviera que dejar el cargo varios meses después de haberlo asumido, sostuvo el doctor en derecho constitucional, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y profesor de la Escuela Libre de Derecho (ELD) Elisur Arteaga Nava.

Con Arteaga coincidieron Clemente Valdés, también doctor en derecho constitucional y catedrático en diversas universidades de Estados Unidos e Inglaterra; Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas; Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México; Karla Micheel Salas Ramírez, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos; José Humbertus Pérez Espinosa, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna, y los penalistas Marco Antonio del Toro Carazo –abogado de Elba Esther Gordillo y del líder minero Napoleón Gómez Urrutia– y Jesús Alberto Guerrero Rojas, director general del Corporativo Jurídico Sanitario, todos ellos entrevistados ayer por La Jornada.

El problema de la residencia

Sé que los pésimos consejeros jurídicos que tiene el Presidente (Enrique Peña Nieto) me van a contestar que el artículo 47 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano otorga a los embajadores el derecho a conservar, para efectos legales, el domicilio de su último lugar de residencia. Quiero adelantarme y decir que ninguna ley secundaria puede modificar el texto de la Constitución, y mucho menos su espíritu, su objetivo, sostuvo Elisur Arteaga.

Aseguró que el requisito constitucional de la residencia mínima de dos años no se puso ahí por capricho, sino para garantizar que todos los ministros de la Corte, previamente a su designación, hayan estado litigando, o formen parte del servicio judicial de carrera, o de la academia jurídica, durante un tiempo considerable en el que, se entiende, pudieron estar en contacto con la legislación mexicana, y por ello dominan la jurisprudencia y sus métodos de interpretación. Lo que tengo claro es que este embajador (Medina Mora) no es jurista, es un político con suerte, que hizo un pésimo trabajo como procurador general de la República y que se ha beneficiado con la política del amiguismo y del tráfico de influencias.

Sobre los otros dos participantes de la terna, Elisur Arteaga y Clemente Valdés coincidieron, en entrevista por separado, que el mejor perfil para ocupar el cargo de ministro que dejó vacante con su muerte Sergio Valls, es el del magistrado Horacio Armando Hernández Orozco (quien en los últimos 20 años ha encabezado juzgados y tribunales en material penal, además de ser profesor de derecho constitucional penal en la ELD), ya que, el único penalista de carrera que hay actualmente en la Corte es Juan Silva Meza, quien se jubila este año.

Jorge Reyes Peralta, presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, pidió al Senado que valore la necesidad que tiene la SCJN de contar con un penalista de carrera, y añadió que Medina Mora ni es jurista, ni se ha caracterizado por ser un funcionario que respete los derechos humanos, pues durante su desempeño al frente de la PGR, esa institución sufrió el más grande desprestigio de su historia, al ser artífice de acusaciones falsas y montajes televisivos.

Eduardo Miranda Esquivel y Micheel Salas coincidieron en que si Medina Mora es designado ministro, sería una forma de dinamitar una de las pocas instituciones del país que aún gozan de credibilidad.

Marco Antonio Del Toro dijo que el hecho de que en todo el país va a regir, a partir de 2016, el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que exige de un especial interés de que la Corte tenga entre sus integrantes una figura de la calidad jurídica de un penalista.