La determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de exculpar al PRI por las presuntas irregularidades cometidas en el manejo de las tarjetas Monex durante las campañas de 2012, fue censurada por las principales fuerzas de oposición (PAN, PRD y Morena), que acusaron a los magistrados de ser un instrumento al servicio del partido en el poder.

Por su parte, el presidente de la comisión especial para investigar el caso Monex creada en la Cámara de Diputados, el legislador perredista Roberto López Suárez, mostró su extrañeza porque prácticamente se da carpetazo a las denuncias por el uso de monederos electrónicos para la compra de votos y se crea un precedente que fomenta la opacidad en el uso de recursos, tanto físicos como pecuniarios, y la intervención de empresas fantasmas, de consorcios privados y bancos.

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, adelantó que acatarán en sus términos la sentencia que obliga al organismo a investigar el destino de 6.8 millones de pesos que se distribuyeron mediante esas tarjetas, aunque a algunas personas no les guste.

En el PAN, que originalmente presentó la demanda, el senador Héctor Larios detalló que existe una serie de decisiones del TEPJF que requerirían reflexión.

El PAN pidió a los magistrados electorales reflexionar sobre la actuación que han tenido en semanas recientes. Recordó algunos de los fallos que han provocado molestia en los partidos de oposición, como la decisión de amonestar al PVEM y no sancionarlo por la campaña de publicidad que efectuó con el pretexto de la presentación de informes anuales de sus legisladores.

El presidente del partido Morena, Martí Batres, consideró que la decisión del TEPJF es una carta-invitación a la compra del voto y la violación de la ley, de cara a las elecciones de junio próximo. También representa impunidad para el lavado de dinero y esto puede traer consecuencias muy negativas para triangulaciones en las campañas de 2015, aseguró en entrevista.

Batres consideró que se trata de un caso ominoso, porque es una invitación al PRI y al PVEM a que sigan violando la ley, lo que demuestra que en México no hay justicia electoral. Y esto refleja la crisis de instituciones que son muy onerosas y no sirven.

Al abundar sobre el tema, López Suárez señaló que la investigación de la comisión Monex de la Cámara de Diputados ha develado el uso en más de 5 mil 200 millones de pesos que sirvieron para financiar ilegalmente la campaña del entonces candidato priísta a la Presidencia, Enrique Peña Nieto.

El diputado perredista preguntó: ¿Cómo va a ser posible que el tribunal considere que en dos entidades de la República se utilizaron tarjetas de prepago, en Jalisco y el Distrito Federal, para ser distribuidas por operadores políticos? Nosotros tenemos documentada la existencia de 25 tipos de tarjetas en 17 estados del país, y no precisamente para los operadores del PRI, sino para la compra del voto.