a policía tiene que decidir en cada momento (…) tener la frialdad y la calma necesarias para tomar la decisión acertada. Es como el artillero frente al gol que intenta decidir, en segundos, cómo va a disparar frente a la portería. Después que la jugada termina, si fue un golazo, todos los hinchas lo van a aplaudir” ( Carta Capital, 9/2/15). Esas fueron las declaraciones públicas del gobernador del estado de Bahía, Rui Costa, ante el asesinato de 15 jóvenes negros en Salvador, capital del estado.

El 6 de febrero las Rondas Especiales (Rondesp), cuerpo de la Policía Militar, mataron a 12 jóvenes en el barrio de Cabula. Adujeron que se trató de un intercambio de disparos con delincuentes, pero los testigos afirman que fueron ejecutados, y videos que circulan en Internet refuerzan esa versión. El sábado 7, otros dos jóvenes fueron muertos por las Rondas y en la madrugada del domingo 8 un intercambio de disparos en el barrio de Sussuarana produjo otra muerte.

Amnistía Internacional viene recibiendo denuncias sobre actuaciones abusivas de las Rondas, con uso excesivo de la fuerza, con desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias. La versión oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Bahía es siempre la misma: los jóvenes estaban involucrados con drogas u otros delitos, dispararon a los policías, que reaccionaron en legítima defensa. La figura de resistencia seguida de muerte es la justificación legal para las ejecuciones sumarias en las favelas y en cualquier lugar donde la policía ataca a jóvenes negros.

Según la Pastoral de la Juventud de Salvador, que integra la Campaña Nacional Contra la Violencia y Exterminio de Jóvenes, los muertos por los escuadrones especiales de la Policía Militar son en su enorme mayoría jóvenes negros, pobres y habitantes de la periferia. La pastoral pudo verificar que de 13 muertos 10 no tenían antecedentes y uno había participado en una pelea de Carnaval. Éste fue el mayor caso, pero en varios otros barrios hubo persecuciones y ejecuciones de supuestos traficantes, asegura una integrante de la pastoral ( Adital, 11/2/15).

El Mapa de la violencia 2014, elaborado por el estado, establece que en 2012 fueron asesinadas más de 56 mil personas, y que la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes negros de entre 15 y 29 años. Los crímenes violentos crecieron 7 por ciento entre 2011 y 2012 y 13 por ciento desde que el Partido de los Trabajadores asumió el gobierno en 2003. En una década fueron asesinadas medio millón de personas. El informe revela que el número de blancos asesinados disminuyó 25 por ciento entre 2002 y 2012, pero las víctimas negras aumentaron 37 por ciento en el mismo periodo.

Hamilton Borges, uno de los articuladores de la campaña Reacciona o serás muerto, reacciona o serás muerta, y militante del Quilombo Xis-Acción Cultural Comunitaria, sostiene que el noreste vive un drama de genocidio negro sin precedentes (Justicia Global, 5/2/15). La campaña funciona desde hace 10 años en Bahía, considerado el segundo estado de Brasil en concentración de asesinatos de jóvenes en la franja de 12 a 18 años.

Borges ha sido hostigado y perseguido en varias ocasiones por la Policía Militar, que llegó a entrar por la fuerza en su vivienda, por la noche, sin orden judicial y sin ninguna acusación concreta, sólo para intimidar. Este enorme militante de la causa negra articula por fuera de los partidos y las instituciones. No negociamos nuestras vidas por cargos públicos, no somos livianos porque sabemos que no podemos sentirnos en lucha si colaboramos con el enemigo como muchos hacen, escribió poco antes de los últimos crímenes.

Con la misma energía que denuncia a la policía, enfrenta a los que denomina negros institucionalizados, aquellos que usan la causa para conseguir cargos y beneficios personales.

Algo similar sucede en el estado de Maranhao, donde la organización de derechos humanos Justicia Global denuncia que el nuevo gobernador, Flavio Dino, firmó una resolución que en los hechos es una licencia para matar para los integrantes de los cuerpos represivos, ya que garantiza la defensa estatal de los agentes involucrados en casos de ejecuciones sumarias.

Puede decirse, no sin razón, que buena parte de las denuncias y sucesos mencionados no son nuevos en Brasil. Hay, empero, una diferencia. El gobernador Costa, que compara los asesinatos de jóvenes negros con los goles en el futbol, es un militante del Partido de los Trabajadores. El gobernador Dino, que auspicia y encubre el genocidio de negros, pertenece al Partido Comunista de Brasil.

Aquí no sólo hay algo nuevo, sino un verdadero salto en calidad. No es que el gobernador petista y el comunista miren para otro lado mientras la policía bajo sus órdenes asesina. Son ellos los que empuñan las armas, los que protegen a los asesinos y, como el gobernador de Bahía, se burlan de las víctimas. Ninguno ha sido amonestado por sus partidos, ni por los afiliados ni por los dirigentes. ¿Cómo entender y cómo nombrar lo que está sucediendo?

Es evidente que estamos ante una bancarrota ética de las izquierdas electorales. Pero nadie llega a perder el norte ético repentinamente. Es un largo proceso de deterioro, de concesiones; pequeñas las primeras, enormes al final del camino. En lo más profundo, si deshacemos los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma, como escribía León Felipe; o sea, si aventamos palabras y programas, discursos y gestos para las multitudes, la única diferencia entre izquierda y derecha es, debería ser, la ética.

Cuando Hamilton Borges dice no somos livianos, no negociamos cargos por vidas, está apuntando hacia la recuperación de la ética del compromiso con los de más abajo, en este caso negros pobres favelados. Es el único camino que conocemos para superar la crisis de las izquierdas: dejar los cargos y los beneficios, los grandes y los pequeños, para acompañar, como uno más, las luchas de los pueblos.