l Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) exoneró ayer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de haber incurrido en financiamiento con recursos ilícitos y recurrido a la compra del voto con las tarjetas Monex y Soriana en la elección presidencial de 2012.
Como se recordará, en días posteriores a ese comicio, tanto el entonces gobernante Partido Acción Nacional como la coalición Movimiento Progresista, que postulaba a Andrés Manuel López Obrador, presentaron recursos de inconformidad y denuncias penales por la presunta financiación del entonces candidato priísta, Enrique Peña Nieto, en una serie de triangulaciones que involucraron a las empresas fantasmas Inizzio, Atama, Koleos y Tiguán, las cuales compraron, a nombre del tricolor, miles de monederos electrónicos a Banamex, Soriana y Monex para distribuirlos entre votantes a cambio del sufragio. Por añadidura, el Movimiento Progresista acusó a Peña Nieto de haber rebasado los topes de gastos de campaña por más de 4 mil 500 millones de pesos. La comisión especial de la Cámara de Diputados que investigó el llamado caso Monex
concluyó que en la campaña priísta fueron invertidos 5 mil 200 millones de pesos, cuando el máximo legal permitido era de 336 millones.
Los recursos legales interpuestos ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade) y el entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y el propio TEPJF fueron desechados uno a uno sin mayor averiguación; el TEPJF, por su parte, se tomó un año con siete meses para finalmente dictaminar, ayer, que la acusación era infundada.
Con esas actitudes omisas las instancias electorales no sólo vulneraron de inicio la legitimidad de la actual administración, sino socavaron su propia credibilidad ante la sociedad. Ahora el fallo del tribunal electoral confirma y profundiza ese daño institucional.
Por si fuera poco, el miércoles pasado los representantes de siete de los 10 partidos políticos con registro abandonaron la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en protesta, dijeron, por la parcialidad en favor del PRI y del Partido Verde con que han venido actuando el consejero Marco Antonio Baños, la Comisión De Quejas y Denuncias y la Unidad de Fiscalización del instituto, encabezada por Alfredo Cristalinas. Hasta ayer la crisis en el INE no había sido resuelta.
Situaciones como las descritas han llevado a la generalización, entre la sociedad, de una percepción mayoritaria de que las instancias electorales del país carecen de verdadera independencia y que parecen más dispuestas a servir al partido en el poder –ya fuera Acción Nacional en los comicios de 2006 o el PRI en el momento actual– que a garantizar equidad, imparcialidad y justicia verdaderas en los procesos electorales.
Se conforma así un elemento adicional para el desaliento ciudadano, la falta de credibilidad y legitimidad de los organismos públicos, y la apatía y el cinismo de cara a los procedimientos democráticos y el espíritu republicano.
