Juchitán, Oax.

Integrantes de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) exigieron al Estado mexicano y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) un alto a la criminalización de líderes sociales que han encabezado protestas por los cobros excesivos de energía eléctrica y por la imposición de megaproyectos en sus comunidades.

Manifestaron que el pasado 17 de febrero, durante una audiencia en el juicio de amparo a favor de su compañero Andrés Pérez Hernández, les informaron que existe una causa penal con número de oficio 160/2014 del juzgado sexto del distrito contra los líderes sociales Teófilo Virgilio García Sarabia y Carlos Beas Torres, por el delito de privación ilegal de la libertad.

La Ucizoni informó que la denuncia penal fue presentada por Irma Maldonado, apoderada legal de la CFE, derivada de una manifestación que efectuó esa organización en julio de 2014 para exigir la liberación de dos de sus compañeros presos en Puebla.

Mediante un comunicado, los integrantes de la Ucizoni señalaron que, efectivamente, la organización se manifestó en dos oficinas de la CFE, en las estaciones Sarabia y Matías Romero, pero que en ningún momento fueron cerradas o bloqueadas.