De 250 mil a 300 mil adultos de 68 años en adelante, es decir, alrededor de 60 por ciento del padrón de afiliados al programa de la pensión alimentaria, podrían solicitar el crédito bancario hasta por 5 mil pesos, con una tasa de 1.8 por ciento sobre el saldo del préstamo, a liquidar en tres años, estimó la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez. Precisó que el dinero se les depositará en una tarjeta y podrán retirarlo en los cajeros automáticos.

Puntualizó que el Gobierno del Distrito Federal no erogará recursos públicos adicionales para este fin, sino que lo hará la iniciativa privada. Estos créditos serán fondeados con recursos de la tarjeta de la pensión alimentaria; es dinero que ya existe, y en caso de que el adulto mayor muera, la deuda no se hereda ni a sus familiares ni a la administración capitalina, ya que habrá un seguro para ello.

En entrevista, la funcionaria del gobierno capitalino desglosó que cada mes se descontará al tarjetahabiente de su pensión alimentaria la mensualidad que le corresponda pagar, dependiendo del monto solicitado. “El plazo máximo para liquidarlo son 36 meses y el descuento máximo de la pensión es de 30 por ciento (alrededor de 300 pesos), indicó.

“Alguien puede decir: ‘yo quiero un crédito de 3 mil pesos y pagarlo a 24 meses’”, puso por ejemplo.

Reiteró que a partir de marzo las educadoras del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores comenzarán a visitar los domicilios de los afiliados al programa para entregarles una caja que contendrá una tarjeta, que deberán llenar si están interesados en el crédito y firmar la solicitud, entregar copias de la identificación, el comprobante de domicilio y la CURP.

De uno a tres días, personal del banco se comunicará con el interesado para hacerle alguna pregunta de seguridad y activar la tarjeta.

Advirtió que se blindará que el crédito sea utilizado por adulto mayor, por lo que además de la entrevista privada que tendrán con la educadora se les entregará información que les ayude a identificar riesgos de abuso por algún familiar.

Anticipándose a las críticas a esta iniciativa, las cuales, dijo, serán muchas, Rosa Icela Rodríguez remarcó que las autoridades no pueden quedarse con los brazos cruzados cuando se reconoce que los adultos mayores tienen derechos, entre ellos la inclusión financiera, y que a veces requieren de recursos para atender una emergencia, sin que ello les implique pedir préstamos con altas tasas de interés o malbaratar alguna de sus pertenencias.