Se hará de manera exhaustiva, tras los señalamientos de la ASF, dice Jorge Gaviño
Viernes 20 de febrero de 2015, p. 38
El presidente de la comisión de investigación para la línea 12 del Metro, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Jorge Gaviño Ambriz, informó que harán una revisión exhaustiva del contrato con el consorcio certificador, luego de los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre omisiones en la etapa de entrega-recepción de la obra.
En entrevista, el legislador dijo que son muy delicados
los señalamientos que hizo el órgano auditor del Poder Legislativo federal de que se llevó a cabo la certificación sin tener la obra completa, por lo que se debe determinar si existió dolo en la actuación del consorcio que hubiera significado un daño al erario.
Entre los documentos a revisar están los contratos y los convenios modificatorios que el organismo Proyecto Metro del Distrito Federal (PMDF) suscribió para la certificación de la línea 12 con el consorcio formado por las empresas DB Internacional, ILF Beratende Ingenieure, TÜV SUD Rail y Hamburg Consult, por un importe total de 188 millones 636 mil 281.85 pesos y que originalmente era por 119 millones 312 mil 68.24 pesos.
El consorcio certificador, las empresas que dieron el documento de seguridad y de operación de la vía y de los trenes, en los que se decía que podía arrancar la línea sin riesgo, ese es el producto final, pero para esto hubo dos contratos; hay que revisar cuáles son los alcances y si se cumplieron éstos
, apuntó.
Indicó que se buscará tener una reunión con los representantes de las empresas y revisar también cuál ha sido el alcance de la revisión que al respecto ha realizado la Contraloría General del gobierno de la ciudad.
Otro de los documentos que revisará la comisión es el contrato con la empresa ILF para determinar los motivos y recomendar las acciones a seguir para minimizar el problema de desgaste ondulatorio en los rieles, por un monto de 5 millones 343 mil 775 pesos.
Apenas la semana pasada, la Contraloría General sancionó con la inhabilitación a las empresas Lumbreras y Túneles, Ingeniería, Asesoría y Consultoría, y Empresa de Estudios Económicos y de Ingeniería, que tuvieron a su cargo la supervisión de la obra civil.