Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores recibieron observaciones en la aplicación de su presupuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues no aportaron la información requerida y necesaria para justificar el rubro de asignaciones a los grupos parlamentarios.

El ente fiscalizador advirtió que año con año los senadores incrementan 27 por ciento, en promedio, el monto de la asignación extraordinaria a los grupos parlamentarios, y emitió una recomendación para que realice las acciones necesarias a efecto de que racionalicen los recursos que son transferidos a la partida 39903, asignaciones a los grupos parlamentarios por concepto de retribuciones especiales y pagos únicos.

En el dictamen de la ASF sobre el gasto de los senadores en el ejercicio 2013, que fue presidido por el panista Ernesto Cordero Arroyo, refiere que “el presente se emite el 12 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la identidad fiscalizada y de cuya veracidad es responsable.

“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría para fiscalizar la gestión financiera a fin de verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Senadores por concepto de asignaciones a los grupos parlamentarios se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicadas, y específicamente respecto de la muestra revisada que se especifica en la parte relativa al alcance, la ASF se abstiene de emitir una opinión sobre el ejercicio de dichos recursos.

La Cámara de Senadores no proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de los recursos que fueron otorgados a través de la partida 39903, por tanto, no se contó con la información que permitiera evaluar la razonabilidad del gasto o comprobar si los recursos se ejercieron para llevar a cabo los trabajos legislativos.

En tanto, en la Cámara de Diputados la ASF emitió diversas recomendaciones sobre el ejercicio financiero de 4 mil 815 millones de pesos, y el dictamen acerca del gasto referido también manifiesta un escenario de opacidad en 2013, cuya presidencia encabezó el priísta Francisco Arrollo Vieyra.

“Con base en los resultados obtenidos en la auditoría cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado a la Cámara de Diputados se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y las disposiciones legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra realizada que se especifica en la parte relativa al alcance, se concluye que, en términos generales, la Cámara de Diputados cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, excepto en los aspectos siguientes:

“Se otorgaron subvenciones especiales al amparo de acuerdos emitidos en ejercicios anteriores, no obstante que son autoridad en situaciones excepcionales y tienen el carácter de únicas para atender asuntos específicos. Subsiste una limitada rendición de cuentas de los recursos ejercidos en subvenciones registradas en la partida 4390 (otros subsidios y subvenciones).

Un monto de 193 millones 978 mil pesos de los recursos transferidos del ramo 23, previsiones salariales y económicas para la conservación, operación y equipamiento de los recursos de los poderes, se erogó en conceptos que no se relacionaron con el fin para el que fueron autorizados.

Incluso la ASF resalta que en el ejercicio 2013 se ejercieron 219 millones de pesos a efecto de apoyar los gastos de transporte de los legisladores.