l gobierno federal funciona a la perfección y se mantiene activo y aceitado, aunque no para cumplir con los objetivos que la Constitución le obliga, sino para garantizar impunidad a los amigos, socios y cómplices de la depredación nacional.

Muchos son los ejemplos, pero hoy uno de ellos debe recordarse con especial atención, pues se conmemora el aniversario número nueve del homicidio industrial cometido por Grupo México, de Germán Larrea, en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, en la que murieron 65 trabajadores, y a lo largo de esos años la constante ha sido que la presunta autoridad no sólo ha garantizado impunidad absoluta a empresa y empresario (mientras a los deudos les ha dado portazo tras portazo), sino que a Germán Larrea le ha otorgado nuevas concesiones mineras, le ha permitido derramar tóxicos por doquier y, por si faltara algo, le ha abierto nuevas oportunidades de negocio, como el petrolero.

En el recuento, tras nueve años los cuerpos de 63 mineros fallecidos en Pasta de Conchos permanecen bajo toneladas de rocas sin que autoridad alguna –más allá del discurso– haya movido un dedo para entregar los restos a sus familiares, investigar las causas reales de la explosión y, especialmente, castigar a los responsables. Por el contrario, a éstos los mantiene impunes no obstante documentarse sus execrables prácticas.

A eso se han dedicado tres inquilinos de Los Pinos (Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto); cuatro secretarios del Trabajo (Francisco Javier Salazar Sáenz –sucesor de Carlos Abascal–, Javier Lozano Alarcón –ahora senador de la República–, Rosalinda Vélez Juárez y Alfonso Navarrete Prida); cinco procuradores generales de la República (Daniel Cabeza de Vaca, Eduardo Medina Mora –actual embajador de México en Estados Unidos y próximo ministro de la Suprema Corte–, Arturo Chávez, Marisela Morales Ibáñez –cómodamente instalada en el consulado de México en Milán, Italia– y el agotado Jesús Murillo Karam).

Además, siete secretarios de Gobernación (Carlos Abascal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont (abogado corporativo de Grupo México), Francisco Blake Mora, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong); cinco titulares de Economía (Sergio García de Alba, Eduardo Sojo, Gerardo Ruiz Mateos, Bruno Ferrari e Ildefonso Guajardo), y dos gobernadores de Coahuila (Humberto Moreira y su hermano Rubén). Todos ellos sólo hicieron dos cosas: mantener impunes a Grupo México y Germán Larrea, y rechazar a los deudos, sus demandas de justicia y su exigencia de recuperar los cuerpos de los 63 mineros que permanecen bajo toneladas de roca.

Nueve años han transcurrido desde la explosión en la mina Pasta de Conchos, en la madrugada del 19 de febrero de 2006, cuando Vicente Fox, entonces inquilino de Los Pinos (quien, como Germán Larrea, nunca se apersonó en la zona de desastre ni dio la cara a los familiares de los mineros fallecidos) prometió investigar a fondo qué sucedió, conocer las cusas de la tragedia y castigar a los responsables. En los hechos, sólo envió a su secretario del Trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, para cerrar la mina, declarar concluidos los trabajos de rescate y dar carpetazo para proteger al tóxico dueño de Grupo México.

El nefasto Felipe Calderón prometió a deudos y trabajadores que la mina no será cerrada, además que se hará todo lo posible para que los cuerpos sean rescatados y tengan cristiana sepultura. Dos semanas después de tal declaración, Grupo México despidió a 250 mineros de Pasta de Conchos y cerró transitoriamente la mina. Desde entonces se mantiene así, y la cristiana sepultura sigue en lista de espera, y en el aire la declaración de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón (“Grupo México tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el accidente de Pasta de Conchos, porque estaba obligada por ley a cumplir con condiciones de seguridad… No voy a solapar a ningún servidor público que pudiera estar involucrado, ni taparé a ningún personaje, por más importante que sea… El rescate de los cuerpos no se va a detener”.

Un año después de la explosión, el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, denunció que “Fox me pidió procesar y enviar a prisión a inocentes por la tragedia en la mina Pasta de Conchos; desde la dirigencia del PAN me presionan para que no encarcele a los verdaderos responsables de la muerte de 65 trabajadores; hubo otras atrocidades, como cuando Fox, en mi cara, en Los Pinos, me pidió que hiciera cosas que no tienen moral: que inventara delitos a otras personas, que distrajéramos la atención… Hay gente que es responsable y que trabajó en la administración pasada y va a tener que ser encarcelada”.

Ya en el gobierno peñanietista (18 febrero de 2013), el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró que se reabrirían las investigaciones en torno al homicidio industrial en la mina Pasta de Conchos y que se realizaría otro peritaje para determinar la factibilidad de rescatar los restos de los 63 mineros. A su vez, el entonces subprocurador de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, dijo que el gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto expresa una vez más sus condolencias a los familiares de los mineros por esta tragedia que ocurrió hace ya varios años.

A la fecha, los nuevos peritajes, la reapertura del expediente, las nuevas investigaciones y el inicio del rescate en Pasta de Conchos se mantienen en el éter, como sucede desde los tiempos de Fox y Calderón. En cambio, la impunidad de Germán Larrea no sólo es un hecho consumado, sino que la autoridad ha trabajado afanosamente para entregarle, a lo largo de los últimos nueve años y contando, más concesiones mineras, tapar el ecocidio de Grupo México en Sonora y Guerrero, cuando menos, y permitir al tóxico barón acceso directo al negocio petrolero, aunque entre las patas se lleve a la selva veracruzana.

Las rebanadas del pastel

¿Con un salario de 9 mil pesos un trabajador puede lavar dinero, financiar al terrorismo, movilizar recursos de origen ilícito, manejar recursos de alguna embajada, consulado o misión diplomática, o de plano ser una persona políticamente expuesta? Banamex asegura que sí, por mucho que con esa cantidad, si bien va, apenas se pague la renta y medianamente se coma todas los días. Cierto es que ser cretino es un derecho humano, pero presumirlo como lo hace la institución bancaria verdaderamente es un exceso de lesa madre.

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