l modelo de crecimiento que se implantó en México hace poco más de tres décadas no obedece a cambios que mejoren el bienestar y la calidad de vida de la mayoría de la población, mucho menos al respeto indispensable de sus derechos humanos y laborales. Al contrario, las políticas económicas que se han continuado aplicando, basadas en las reformas monetarias, fiscales, laborales, energéticas y educativas, han venido a reforzar ese obsoleto, indecente y vulgar sistema de explotación que ha generado una mayor desigualdad y una pobreza extrema que hoy actúa contra más de la mitad de la población mexicana, que recibe los salarios o ingresos más bajos de América Latina.

La política laboral es un claro ejemplo de lo que está sucediendo, e implica un gran retroceso para la autonomía y la libertad sindical, porque viola impunemente el derecho de los trabajadores a la libre asociación, incrementando con ello la estrategia de explotación inhumana de la fuerza de trabajo. Resulta que las autoridades han dejado la creación y el control de las organizaciones sindicales, así como la elección de los dirigentes, en manos de los peores empresarios del país. Es decir, el gobierno de la República ha renunciado a su obligación histórica de cumplir con las leyes y ser el tutelar o protector de los derechos de los trabajadores.

Como lo señalamos enfáticamente en su momento, desde que se aprobó la reforma laboral denigrante y retrógrada de Felipe Calderón y su abominable y corrupto secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, los funcionarios públicos, algunos incrustados desde esa época en el gobierno actual, han estado operando, ya que para eso los sembraron, a favor de la clase empresarial. Su objetivo es destruir o debilitar a los sindicatos democráticos e independientes del país.

Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se movieron intensamente hacia la derecha en las relaciones laborales y dejaron incrustados a algunos funcionarios de la actual STPS que sirven y se someten a los grandes intereses empresariales, como el subsecretario A Rafael Avante Juárez, y el director de Actualización del Registro de Asociaciones, Lucio Galileo Lastra González, los cuales se han dedicado abyectamente a registrar sindicatos artificiales y les han entregado la toma de nota para que puedan operar con la protección de la ley, al servicio de empresarios cínicos y corruptos que se han convertido en los gánsters y golpeadores de la clase trabajadora, a la cual ni siquiera le han tomado en cuenta su opinión para decidir en libertad a qué organización quieren pertenecer.

La última fechoría que cometieron estos funcionarios deshonestos fue registrar la semana pasada un nuevo sindicato de la minería y de la siderurgia a favor de ese prepotente cacique de Coahuila, Alonso Ancira Elizondo, del Grupo Acerero del Norte, llamado así después de la oscura privatización de Altos Hornos de México, quien durante más de cinco años se dedicó a intimidar, presionar y atacar con sicarios y golpeadores a los trabajadores que han sido miembros del Sindicato Nacional de Mineros desde hace más de 60 años, para obligarlos a pertenecer a un membrete creado por él, llamado alianza minera, que está integrado por porros y traidores sometidos bajo la bota del déspota Ancira. Este sujeto es el mismo que cometió un enorme fraude hace más de 12 años, que estuvo escondido en Israel durante cuatro años y que hoy todavía adeuda a los bancos cerca de 2 mil millones de dólares al continuar en suspensión de pagos.

Esos son los servicios que prestan descaradamente Avante, Galileo y seguramente otros burócratas de la actual STPS. Así lo han hecho con contratos y con sindicatos mineros artificiales y sin sustento, a favor de la CTM, la CROC y la CTC, entre otras confederaciones, dedicadas principalmente a servicios de hoteles, restaurantes, bares y servicios de taxis y nunca antes a la extracción de metales o a su transformación metalúrgica o siderúrgica. Son los mismos funcionarios públicos que en el sexenio de Felipe Calderón les regalaron sindicatos patitos a Germán Larrea, de Grupo México, y a Alberto Bailleres, de Peñoles, obligando a los trabajadores a votar por esos sindicatos de papel o de protección empresarial, a veces con el uso y la represión de las policías estatal y federal e incluso del Ejército mismo, pero siempre bajo amenazas e intimidaciones de despidos.

Dos reconocidos abogados laborales, el brillante doctor Néstor de Buen y el destacado licenciado Óscar Alzaga en su artículo publicado en La Jornada del viernes 11 de julio de 2014, describen claramente quién es Alonso Ancira Elizondo y lo mencionan como el señor que decide sobre la vida y la muerte en Coahuila. Que sin ser nacido en ese estado de la República ejerce el poder ilimitadamente, bloquea a la prensa libre, manipula la televisión y la radio locales, controla las cámaras o asociaciones empresariales de la región y desde luego utiliza porros, golpeadores y sicarios para imponer a los líderes sindicales que sin principios o valores los somete absolutamente y les ordena y humilla constantemente. Lo peor, como bien lo señalan el doctor De Buen y el abogado Alzaga, es que nadie puede ser obligado a pertenecer a una organización, según lo señala firmemente la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Se da el caso aberrante de que cuando esos seudolíderes que representan la escoria del sindicalismo celebran aniversarios, las secretarías del Trabajo y de Economía envían a sus delegados en Zacatecas, Coahuila, Sonora y otros estados para que avalen y alaben esa forma de sindicalismo que no estalla huelgas ni lucha por los trabajadores, pero que está de la mano y en la cama con las empresas y el gobierno federal.

Vamos a ver cuánto duran ese ignominioso amasiato, ese cinismo, esa corrupción evidente, y también esos empleados públicos en sus puestos. El auténtico y verdadero movimiento obrero no les va a permitir que sigan haciendo de las suyas y seguramente que su irresponsabilidad endurecerá las relaciones laborales del país, porque la dignidad y el orgullo de clase están muy por encima de esa basura de traidores y de funcionarios cómplices y deshonestos, los cuales no los conocen ni conocerán jamás.