Condenan asesinato a manos de policías
Demandan a SRE gestionar la reparación del daño
Miércoles 18 de febrero de 2015, p. 19
La Cámara de Diputados y el Senado condenaron ayer el asesinato del mexicano Antonio Zambrano Montes, cometido por policías de la ciudad de Pasco, perteneciente al condado de Franklin, en el estado de Washington, el 10 de febrero pasado.
Los senadores guardaron un minuto de silencio en su memoria y se manifestaron en contra del uso desproporcionado de la fuerza letal.
En la sesión se aprobó un punto de acuerdo en el que, además, el Senado solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizar las acciones pertinentes ante las autoridades competentes del condado de Franklin a fin de que se les mantenga al tanto de todas las investigaciones conducentes a esclarecer la responsabilidad penal en que hayan incurrido los agentes de la policía implicados en este crimen.
De igual forma, los senadores demandaron a la cancillería que ayude a la repatriación del cuerpo de Zambrano Montes y gestione ante las autoridades competentes las acciones y/o medidas tendientes a procurar y obtener la reparación del daño por la privación de la vida del connacional.
En tanto, los diputados solicitaron al titular de la SRE, José Antonio Meade, demandar a las autoridades de Estados Unidos castigo para los uniformados agresores.
Desde la tribuna, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (Morena) reprochó que con Estados Unidos se toleren o permitan acciones como las que sufrió Antonio Zambrano Montes
, y recordó que detrás del asesinato del michoacano existe una larga historia de permitir que se violen derechos fundamentales de los mexicanos
en Estados Unidos.
Amalia García, presidenta de la Comisión de Atención a Migrantes, cuestionó: “La pregunta que muchos se hacen es: ‘¿qué respuesta habría tenido el gobierno estadunidense si a manos de corporaciones policiacas hubiera sido asesinado un ciudadano de ese país?’ Podemos imaginarnos la respuesta: no sólo declaraciones, algún tipo de acción, porque Estados Unidos acostumbra defender lo que llama ‘legítimo uso de la protección de los derechos y la integridad de los ciudadanos estadunidenses’”.