El Instituto Nacional Electoral (INE) planea autorizar hoy al gobierno federal seguir con 18 campañas propagandísticas, entre ellas la entrega de pantallas durante el proceso electoral, a pesar de las denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de este programa.

Otro punto que generará polémica en la sesión del Consejo General del INE son dos acuerdos que se votarán para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, uno de ellos por estar dirigido en especial a los ejecutivos, desde el Presidente de la República hasta los delegados.

De la batería de 15 puntos que se discutirán se incluye uno que autoriza –como en cada proceso electoral– al presidente del Consejo General a solicitar a las autoridades competentes federales, locales y municipales los medios de seguridad personal para los candidatos que lo requieran, desde el momento en que, de acuerdo con los mecanismos internos de su partido, se ostenten con tal carácter. Las medidas que se adopten por alguna autoridad serán informadas al consejero presidente, así como al partido político que lo haya postulado.

De un listado de 38 campañas propuestas por el gobierno federal para que se sigan difundiendo, el INE pretende aprobar dos que desde ahora generan inconformidad en partidos como Movimiento Regeneración Nacional, de la Revolución Democrática y Acción Nacional: la del Instituto Federal de Telecomunicaciones relacionada con el apagón analógico y transición a la Televisión Digital Terrestre.

Las campañas que también generan inconformidad de los partidos de oposición son las del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dado que el Partido Verde Ecologista de México acaba de incorporar como promesa cumplida, la entrega de vales en esas instituciones.

Además de los habituales acuerdos para garantizar la imparcialidad en el uso de recursos públicos, la consejera del INE, Pamela San Martín, propuso uno dirigido a los titulares de los poderes Ejecutivo para que garanticen la puesta en marcha de los programas sociales con apego a las reglas.

Considera carente de legalidad toda entrega de bienes o servicios amparados en programas sociales que carezcan de dichas reglas de operación, y que viola la equidad de la contienda la regulación o utilización de padrones de beneficiarios.