Guerrero tendrá este año 54 millones de pesos menos para programas de prevención del delito. El monto original programado para esta entidad fue de 206 millones, la partida más amplia a escala nacional para la prevención social de la violencia.

Tras el ajuste presupuestal dictado por la Secretaría de Hacienda, el plan federal antidelito sufrió una merma total de unos 700 millones de pesos; de una base inicial de 2 mil 600 millones, quedó en mil 913.8 millones.

Si bien el recorte fue equitativo para todas las entidades, en la Secretaría de Gobernación se analiza la forma de no afectar los programas prioritarios, en especial para las entidades con mayor número de focos rojos, vinculados a la inseguridad y al crecimiento de los índices delictivos.

El objetivo 2015 hace énfasis en la atención de las zonas expulsoras de personas en conflicto con la ley y la atención de los jóvenes en reclusión, entre otras metas.

La partida a escala nacional está enfocada a llevar acciones de prevención a las regiones con una problemática mayor: 67 municipios, cinco delegaciones del Distrito Federal y siete zonas metropolitanas.

De Guerrero fueron incluidos Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Iguala-Cocula-Chilapa de Álvarez y Coyuca de Benítez.

Otra de las entidades con altos niveles de incidencia delictiva es Tamaulipas, donde se atenderá a Nuevo Laredo, Reynosa, Victoria, Tampico y Tamaulipas, tres municipios más que en 2014. Sin embargo, al igual que el resto de los estados, el presupuesto para esta entidad fronteriza bajó 26 por ciento, para quedar, en este caso, en 103 millones de pesos.

En el plan federal de prevención, el área con menos recursos para este fin es la zona conurbada de Oaxaca, con 793 mil pesos; en contraste, recibirá el mayor monto la zona conurbada de Monterrey, con 95.5 millones, ya con la merma presupuestal de 33.7; le sigue la zona metropolitana de Guadalajara.

Delegación de Guerrero a Ciudad Juárez

En tanto, integrantes de una comisión de funcionarios, empresarios y académicos de Guerrero viajaron a Ciudad Juárez para conocer el modelo de prevención social de la violencia y la delincuencia aplicado en aquella ciudad fronteriza.

El objetivo de la denominada Comisión para la Reconciliación y la Legalidad de Guerrero es replicar el modelo juarense en aquella entidad, en cuanto al modelo de participación ciudadana en temas de seguridad pública.

La comisión estuvo integrada por Jorge Ochoa Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano; Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Coparmex Guerrero; Mario Mendoza Castañeda, rector de la Universidad Americana de Acapulco; los empresarios José Luis Andrade y Juan Antonio Hernández, de Grupo Autofin, y Miguel Ángel Godínez Muñoz, fiscal general