El Senado aprobó ayer una reforma constitucional que busca frenar el endeudamiento de estados y municipios, luego de un complicado proceso legislativo de casi dos años, que incluyó incluso la confrontación entre ambas cámaras del Congreso.

Por quinta ocasión el tema se discutió ante el pleno senatorial, pero esta vez fue la definitiva, ya que la llamada Ley de Disciplina Financiera se aprobó con 89 votos a favor y siete en contra, para pasar posteriormente a las legislaturas de los estados.

‘‘Se trata de un caso para los anales de la historia parlamentaria, luego del periplo legislativo por el que pasó antes de aprobarse’’, comentó en tribuna el senador Alejandro Encinas.

El legislador mexiquense, quien el pasado 22 de enero renunció al Partido de la Revolución Democrática (PRD), recordó que el primer dictamen fue aprobado en abril de 2013, pero los diputados lo desecharon con el argumento de que es su facultad exclusiva legislar sobre deuda y retomaron el proyecto con modificaciones, por lo que el Senado regresó la minuta.

Como no hubo acuerdo y no se podía hacer una tercera modificación, los diputados volvieron a presentar una iniciativa en la materia, que volvieron a enviar como minuta y es la que ayer finalmente se aprobó.

En tribuna, senadores perredistas y panistas destacaron que la deuda de estados y municipios se cuadriplicó de 2007 a la fecha, al pasar de 186 mil millones a 509 mil millones de pesos al cierre de 2014, sin que ello se haya reflejado en obras o bienestar para la población.

Al fundamentar el dictamen, el legislador priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda, recalcó que con esas reformas ‘‘se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria, que tengan por objeto el manejo sostenible, transparente y productivo de las finanzas públicas en la Federación, pero también en los estados, los municipios y el Distrito Federal’’.

Detalló que se modifican varios artículos de la Carta Magna, sobre todo el 117, para establecer que ni estados ni municipios podrán contratar deuda que no esté destinada a inversiones en obra pública y para aprobarse requerirá de mayoría calificada en los congresos locales.

Los senadores del Partido del Trabajo (PT) votaron en contra, ya que, según expuso en tribuna su coordinador Manuel Bartlett Díaz, se trata de una reforma ‘‘antifederalista’’ que no toma en cuenta ‘‘la desigualdad presupuestal entre la Federación y los estados’’. A la primera, señaló, se destina 80 por ciento de los recursos fiscales y a las entidades y municipios el restante 20 por ciento.

Esa concentración de recursos en el Ejecutivo federal, recalcó Bartlett, da al presidente de la República ‘‘un poder absoluto’’.

Igualmente el senador Mario Delgado –quien también renunció al PRD en enero pasado– votó en contra y advirtió que esa reforma, denominada Ley de Disciplina Fiscal para Estados y Municipios, sólo legaliza ‘‘abusos y atropellos’’, ya que da al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades para decidir cuándo da las garantías a una entidad para que se endeude.

De esa forma, dijo el ex secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, una decisión económica financiera se convierte en una decisión política, y relató la experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano cuando fue mandatario capitalino y el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León rechazó un empréstito para la ciudad, porque el entonces perredista se negó a apoyar el Fobaproa.

Al respecto, el senador Encinas hizo notar que esta reforma debe complementarse con las leyes de transparencia y rendición de cuentas, próximas a aprobarse también, para acabar con la opacidad sobre el uso de los empréstitos y combatir la corrupción.