n el gobierno federal aseguran que la reforma laboral sí funciona, porque, dicen, los indicadores sectoriales son positivos, reportan disminución en el empleo informal, cero huelgas a nivel federal y protección a los grupos vulnerables, por mucho que los informes trimestrales del Coneval (índice de tendencia laboral de la pobreza) documenten exactamente lo contrario.

Con una economía sin crecimiento, con permanente pérdida del poder adquisitivo y sostenida precarización del empleo, difícilmente se observará mejoraría alguna, pero en Los Pinos y áreas comunes dicen que sí es posible. Sin embargo, como documenta el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC) si bien en 2104 la tasa de desocupación registró un descenso, ello no fue fruto de la creación de ocupación y empleo, y las cifras del Inegi así lo muestran. De igual forma, es relevante señalar la caída en la ocupación que se dio en los rangos de mayores salarios, al igual que la prevalencia de ocupación sin prestaciones laborales y de seguridad.

En su más reciente análisis (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo al cierre del 2014: un mercado laboral estancado), el IDIC subraya que ese año se registró un retroceso en la ocupación que genera altos ingresos, porque el número de personas con percepciones mayores a tres salarios mínimos disminuyó en más de un millón. Por el contrario, la ocupación que se generó en el país se concentró en el rango de personas que ganaron entre uno y tres salarios mínimos: 988 mil 679, al tiempo que casi 7 millones reportaron ingresos menores a un salario mínimo.

Lo anterior revela que es altamente probable que en las próximas semanas se reporte un aumento en el Indicador de la Tendencia Laboral de la Pobreza, es decir, de la precarización de los ingresos laborales de los trabajadores mexicanos. Ello, en un escenario en el que además el salario mínimo es escaso e incluso se encuentra por debajo del correspondiente a otras economías de América Latina. De hecho, el salario mínimo mexicano se coloca en el último lugar latinoamericano y se ubica 58 por ciento por debajo del promedio regional y 72 por ciento con respecto al de Costa Rica.

Las condiciones generales de la economía mexicana y, en particular de su mercado laboral, detalla el IDIC, enfrentan un desafío que se ha intensificado con el paso del tiempo. El magro crecimiento económico ha marcado el contexto bajo el cual las oportunidades laborales para los trabajadores son escasas y con condiciones poco favorables: las prestaciones sociales han retrocedido. Lo anterior tiene un efecto permanente sobre la capacidad de consumo de la población, fruto de una fuerte disminución en el poder adquisitivo de sus salarios y de no recibir las prestaciones laborales que por ley les corresponden. El empleo precario restringe el desarrollo del mercado laboral formal al generar un entorno paralelo, donde existen condiciones salariales y de prestaciones frágiles que merman el mercado interno y por lo tanto afecta negativamente al crecimiento de la economía.

Por lo anterior es prioritario robustecer las condiciones del mercado laboral mexicano, de sus remuneraciones y prestaciones. El fortalecimiento del mercado interno para incrementar el crecimiento económico se puede lograr a través de la inversión, el aumento del consumo privado y la generación de empleo formal y bien remunerado. En este sentido, favorecer la inversión productiva nacional y de alto contenido de valor agregado debe ser un elemento fundamental, sobre todo en el entorno actual de incertidumbre y debilidad económica, ya que de otra manera no se podrá romper el pernicioso ciclo bajo el cual se encuentra la economía nacional: empleo precario que en el largo plazo limita el crecimiento y desarrollo económico.

De acuerdo con la estadística más reciente del Inegi, en 2014 la tasa promedio anual de desocupación disminuyó de 4.6 en diciembre de 2013 a 4.4 por ciento en igual mes de 2014, pero parte del resultado es atribuible no a que se generó más empleo, sino a que existió una caída (alrededor de 263 mil personas) en la población económicamente activa (PEA). Y en este contexto las cifras del Inegi son claras: el nivel de ocupación en 2014 fue inferior al del 2013 (121 mil menos), sin embargo la tasa de desocupación bajó debido a que menos personas buscaron empleo. Es positivo el retroceso en la tasa de desocupación, pero ello no necesariamente es reflejo de un aumento en los puestos de trabajo en México.

La formalización de la economía fue un aspecto positivo, detalla el IDIC: 409 mil 451 personas menos en el sector informal que en 2013, pero al cierre de 2014 el sector informal concentró a cerca de 29 millones de personas, es decir, 2.5 veces más que los trabajadores afiliados al IMSS. El avance de la formalización y la disminución de la PEA fueron dos de los elementos centrales que ayudaron a la disminución de los indicadores que reflejan las condiciones de precariedad laboral en México.

Sin embargo, más de 31 millones de personas ocupadas reportaron no tener acceso a un sistema de salud; 21 millones de trabajadores subordinados señalaron no tener acceso a prestaciones sociales distintas a las de salud; únicamente 12.7 millones tienen prestaciones distintas a las de salud.

La situación de las entidades federativas. La mayor parte de la las tasas de desocupación se registró en los estados más pobres y donde la informalidad laboral llega a superar 70 por ciento del total de la ocupación generada. Por tanto, los resultados de la tasa de desocupación deben observarse con cuidado, la informalidad es una válvula de escape que da ocupación pero no genera condiciones de ingreso y prestaciones que eleven el bienestar de la población. Chiapas tiene a 32.1 por ciento de su población ocupada en condiciones críticas de ocupación. A nivel nacional la tasa es de 12 por ciento y la tasa de informalidad laboral es de 57.9 por ciento, la mayor parte de los estados que tienen una tasa inferior a 50 por ciento son los que se encuentran vinculados con el desarrollo industrial de México.

Las rebanadas del pastel

¿En qué enjuague (a todas luces anticonstitucional) está metido Banamex que se da el lujo de retener la nómina de trabajadores que laboran en empresas e instituciones ajenas totalmente al banco, y todavía condiciona el pago (72 horas después) a la obligada respuesta de un formulario de seis hojas totalmente invasivo y violatorio de la privacidad de las personas, cuyo pecado es que sus patrones les depositan su salario en esa institución financiera?

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