La semana pasada la embajada de Estados Unidos citó al abogado Leonel Rivero, director del despacho Defensa Estratégica de Derechos Humanos y nuevo representante jurídico de Nestora Salgado García, a una reunión. Funcionarios consulares y políticos de la misión querían entender qué obstaculiza la liberación de la comandante de la policía comunitaria de Olinalá, quien sigue presa en la cárcel de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, a pesar de que desde marzo del año pasado un juzgado federal desechó las causas penales que la acusan y ordenó su excarcelación.

Escucharon su punto de vista. Les expliqué que el de Nestora es un típico caso de prisión política y persecución de la lucha social. Su situación condensa el rechazo del Estado a proyectos autónomos de seguridad pública que, como las policías comunitarias y las autodefensas, evidenciaron la incapacidad de las autoridades de proteger a las poblaciones indígenas y rurales de la acción del crimen organizado, por omisión o complicidad.

Rivero agrega que al desconocer que las actividades de Nestora Salgado se produjeron en el contexto de sus funciones como comandante de un cuerpo de policías comunitarias de Guerrero, reconocidos por la ley estatal, los procesos judiciales en su contra tienen una innegable carga política. Y recordó que desde hace años los gobiernos utilizan las figuras penales de secuestro y secuestro agravado para reprimir a dirigentes del movimiento popular, como en su momento fueron los dirigentes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, sentenciados a hasta 60 años de cárcel y finalmente liberados. O el caso del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras de La Parota, Marco Suástegui.

La acusación

En junio de 2013, Nestora Salgado García recibió en su casa a un grupo de mujeres de su comunidad, Olinalá. La casa servía a la vez como oficina de la comandancia de la policía comunitaria y Nestora, madre de tres jóvenes, había sido nombrada en asamblea popular comandante de ese cuerpo policiaco, adscrito a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), al amparo de la ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero, promulgada a mediados de 2009.

La CRAC, como proyecto autónomo de seguridad, nació en 1995 en San Luis Acatlán, en la región mixteca. Inició su expansión en 2008. Cruzada por divisiones internas e interétnicas, a la fecha tiene cerca de 40 asambleas y sistemas de seguridad en decenas de pueblos de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero, contando con cerca de mil 800 efectivos que dan servicio a 20 mil guerrerenses aproximadamente.

Las señoras iban preocupadas a su encuentro con la comandante Nestora. Sus hijas –entre ellas Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa– habían salido de sus casas días antes y no habían vuelto. Las madres sabían que las muchachas andaban en malos pasos y reconocieron que ya no podían controlarlas. Ambas chicas tenían, en ese entonces, 17 años.

La comandante movilizó a sus unidades y pronto localizaron a las adolescentes. Según consta en oficios firmados por Dulce y Yesenia, con el sello del Consejo Ciudadano Olinalteco y las rúbricas de la propia Salgado, confesaron que habían ido a pasear varios días, a tomar micheladas y a pernoctar en casas de distintos amigos en Huamuxtitlán y hasta Tulcingo.

A diferencia de otras casas de justicia del sistema CRAC-PC, en la de El Paraíso –a la que pertenecen Olinalá, Tixtla (cuya policía hoy día es responsable de la seguridad de la normal rural de Ayotzinapa) y Huamuxtitlán– se propuso un programa que fuera más allá de la seguridad y abarcara la reintegración y reducación de jóvenes delincuentes e infractores. Normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos son los encargados de esos proyectos educativos.

Las madres de las jóvenes convinieron con la CRAC y el consejo olinalteco que sus hijas pasarían un tiempo de reducación en cualquiera de las cuatro casas de justicia que tenía la policía comunitaria como parte de su sistema de reinserción. Hay actas firmadas. Con el rubro Reeducación, con fecha del 10 de junio de 2013, consta el acuerdo. Es para beneficio personal, familia y sociedad, se subraya. Cuatro chicas, con la autorización expresa de sus madres, se acogieron a ese sistema.

Meses después, las señoras que pidieron ayuda a Nestora se volvieron en su contra, cambiaron las versiones que ofrecieron ante el Ministerio Público (MP) y hoy la acusan de secuestro. En los tres procesos penales que enfrenta en una cárcel de máxima seguridad (48/2014, 196/2013 y 05/2014, abiertos en un juzgado de Tlapa y radicados en Tepic), los señalamientos de Dulce Rubí y Yesenia de haber sido víctimas, agravado por el hecho de ser menores, son los que más pesan en las circunstancias que tienen presa a la comandante de Olinalá desde hace ya año y medio.

Aguirre y la CRAC-PC

El 21 de agosto de 2013, en un operativo conjunto, elementos del Ejército, la Marina y las policías Federal y estatal irrumpieron simultáneamente en varias localidades de La Montaña. En Quiahuitepec, zona serrana a donde por falta de caminos sólo se llega a pie o en cuatrimoto, los soldados se lanzaron a rapel desde los cerros.

Las fuerzas federales aprehendieron ahí a 18 policías comunitarios y rescataron a las personas que tenían bajo arresto conforme al sistema de seguridad de la CRAC, entre ellos a Armando Patrón, quien entonces era síndico procurador de Olinalá, detenido y juzgado por estar relacionado con dos homicidios y por abigeato (en esas zonas rurales el robo de vacas es un delito común y muy sensible para la población). También liberaron a un taxista conocido como El Mapa, a quien se acusó de desaparecer y descuartizar personas por encargo del crimen organizado. En la zona actúa impunemente el cártel de Los Rojos. También estaban retenidos un presunto violador y cuatro mujeres, entre ellas las dos menores de edad. Los militares y marinos detuvieron en la sede de la policía comunitaria de El Paraíso a otros siete de sus integrantes y en Olinalá fue arrestada Nestora Salgado.

Al final del operativo, que marcó la ruptura del ex gobernador Ángel Aguirre con el sistema de policías autónomos que él mismo había impulsado, había más de 40 presos, entre ellos varios dirigentes comunitarios, como Gonzalo Molina, de Tixtla; Arturo Campos, de Ayutla, y Bernardino García, de El Paraíso. Están presos en Tepic, Miahuatlán o Acapulco y tienen cargos por secuestro agravado y delincuencia organizada. Doce siguen encarcelados. Todos son casos de persecución política.

Miranda de Wallace, a escena

Dulce Rubí, quien iba a ser reducada por la policía comunitaria, es la joven que ha aparecido recientemente en las conferencias de prensa de Isabel Miranda de Wallace, la poderosa activista de Alto al Secuestro. Ella no habla mucho, sólo se dice víctima y llora. Teatralmente, Wallace la abraza.

El activismo de Wallace y el líder de la organización México SOS, Alejandro Martí, se hizo visible la primera semana de enero, cuando estaba por vencer el plazo para que el fiscal general de Guerrero, Miguel Ángel Godínez, respondiera a la petición del gobernador Rogelio Ortega de desistirse de las causas contra Nestora para liberarla.

La presión tuvo el efecto deseado. El 30 de enero Godínez rechazó el desistimiento y determinó que el proceso penal siguiera su curso. Este jurista acapulqueño fue sugerencia de la Procuraduría General de la República para integrar el gabinete de Ortega, a la caída de Aguirre. Asumió el cargo el 19 de diciembre pasado.

Para Wallace fue un éxito. Para Nestora y sus hijas Sayra, Judith y Grissel, el endurecimiento de la fiscalía significa tener que retomar el proceso de la defensa casi desde cero.

Para el abogado Leonel Rivero, responsable del nuevo equipo de legistas que hace apenas un mes asumió la defensa legal de Nestora, quedan dos vías.

La primera pasa por agotar los recursos de incidencia para hacer cumplir una sentencia emitida en marzo del año pasado por el juez federal del Tribunal Unitario de Acapulco José Luis Arroyo, quien determinó que las acusaciones del MP federal por secuestro y delincuencia organizada no proceden, ya que Salgado actuó en función de su responsabilidad como autoridad de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701. Es decir, que los presuntos actos de secuestro y privación de la libertad fueron en realidad detenciones derivadas de un acto de autoridad. El mismo juez descarta calificar los actos de extorsión que denuncian los quejosos. Tanto los familiares de Patrón Jiménez como de las muchachas aseguran que Nestora Salgado les pidió desde 20 mil hasta 300 mil pesos a cambio de su liberación. En sus acusaciones hay contradicciones y no hay consistencia en cuanto a fechas y montos. Pero además, el Tribunal Unitario determinó que las cantidades solicitadas por la policía comunitaria eran fianzas, no sobornos.

Por lo anterior, el juez ordenó, ya desde entonces, el no ejercicio de la acción penal. Sin embargo, la diligencia quedó trunca y no se concluyeron las incidencias y la presentación de pruebas de cargo y descargo, porque varios de los denunciantes ni siquiera fueron notificados de que debían presentar sus recursos.

A estas fechas varios de los acusadores se han desistido de continuar la denuncia –como el síndico procurador de Olinalá Armando Patrón– y sólo han persistido las madres de las dos jóvenes que eran menores en 2013 (17 años), Dulce Rubí Burgos y Yesenia Castillo Mesa, que acusan a Nestora del secuestro de sus hijas.

Yo no me mando sola

Rivero considera que los argumentos de Wallace y Martí para exigir al fiscal que no se desista de las acusaciones desvirtuaron el debate jurídico y pasan por alto que las víctimas que dicen representar ya habían agotado sus argumentos ante el Ministerio Público. El juzgado unitario analizó sus pruebas y las desechó.

La otra vía obligaría a Nestora a hacer frente a los tres procesos abiertos en su contra en el fuero estatal, lo que implica un retroceso de año y medio en su lucha por ser liberada.

Su defensa presentará las pruebas de descargo correspondientes para ilustrar las inconsistencias en las declaraciones de los acusadores, demostrará que las menores fueron entregadas a la policía comunitaria a petición de sus madres y sostendrá sus dichos con las actas de las sesiones y asambleas de las autoridades regionales, que avalaron siempre las acciones de Nestora.

Ella ha dicho desde el principio: yo no me mando sola. Y es verdad: ella fue el brazo ejecutor de todo un sistema de seguridad pública que, además, es legal, amparado por la ley estatal 701 y por el derecho internacional, la ley de la Organización Internacional del Trabajo, señala Leonel Rivero. Añade que además presentará una pericial en antropología para demostrar la legitimidad de la visión de los pueblos indígenas sobre estos temas.

La ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Guerrero reconoce los sistemas de justicia y seguridad pública, incluidos los organismos de policía comunitaria organizados bajo la estructura de la CRAC. Olinalá, cabecera del municipio del mismo nombre, se ubica en la región de La Montaña, región nahua-tlapaneca y está dentro de esa jurisdicción.

Migrante, activista y presa política

Nestora se casó a los 17 años, cuenta su hermana Cleotilde Salgado. Su madre y su abuela, originarias de Chiapetlán, una pequeña comunidad cercana, no hablaban español, sólo náhuatl. Cuando cumplió los 20 ya tenía tres hijas y un marido con papeles para trabajar en Estados Unidos. Cuando decidió migrar para mejorar las condiciones de vida de su famila dejó a Sayra y Judith, las niñas mayores, a cargo de su suegra, y a Grissel, la más pequeña, con su hermana Cleotilde. El cruce de la frontera no fue fácil. La migra la detuvo y pasó un tiempo presa. Finalmente logró llegar a Bellville, en Washington y al año finalmente contó con recursos para mandar traer a sus tres pequeñas.

No volvió a Guerrero hasta que obtuvo la documentación migratoria que le permitía entrar y salir de Estados Unidos sin riesgos, al cabo de 10 años. Entonces empezó a frecuentar su pueblo, cada vez cargada de regalos y ayuda para sus hermanas y su madre. Así pudo terminar de construir su casa. Finalmente pudo regularizar su doble nacionalidad. Aunque no le iba mal en Estados Unidos, volvió a Olinalá por una temporada más o menos larga con las niñas.

Pero eso fue en 2012. Al poco tiempo de llegar Nestora a Olinalá, se supo del secuestro de un muchacho amigo de la familia que vendía celulares. Desapareció. Encontraron su cuerpo descuartizado. Luego fue un taxista. Después un chofer del transporte que va y viene de Chilapa. Cuenta Cleotilde: Llegó ese presidente municipal priísta Eusebio González y con él los que venden la droga. Todo se descompuso.

Dejo el pueblo en sus manos

El día del tercer sepelio la comunidad se levantó. Las campanadas de la iglesia convocaron asamblea en la plaza y Nestora escuchó por primera vez de la existencia de policías comunitarias que tomaban la seguridad de los pueblos en sus manos ante la incompetencia de los policías locales. Se fue metiendo, metiendo y quedó de jefa. No se autonombró. La gente la escogió a ella. Recuerda Cleotilde que el propio gobernador Ángel Aguirre llegó a Olinalá y sugirió que buscaran integrarse a la CRAC-PC. Dejo el pueblo en sus manos, le dijo a Nestora cuando se despidió.

Pero sus ganas de servir al pueblo de Olinalá terminaron mal.

Leonel Rivero explica el entorno político y social: Como en otras latitudes, la irrupción de una policía comunitaria con arraigo entre la gente provocó una ruptura en un sistema de poderes locales que amenazó el clima de impunidad con el que actúa el crimen organizado. Pero no sólo eso, son procesos organizativos y autogestivos que también amenazan a los cacicazgos políticos tradicionales. De ahí el afán de imponerle a Nestora un castigo ejemplar.