l segundo mandato presidencial de Dilma Rousseff cumple hoy, domingo, exactos y redondos 46 días. Y no hubo uno solo de ellos sin que surgiese algún tipo de problema. Mientras, el gobierno muestra que no sabe cómo reaccionar. Y cuando reacciona, lo hace mal, o además de mal, tarde.

A esta altura, sobran razones para pensar que el equipo armado por Dilma para hacer la articulación política de su segundo mandato merece plenamente ser estudiado y analizado como ejemplo olímpico de lo que no se debe hacer. Resultado: un enmarañado paralizante.

Lento, atónito y sin rumbo claro, es como si el gobierno de Dilma hubiese encontrado un escenario lleno de trampas, de cables sueltos, de temas ocultos, todo eso heredado del presidente anterior. Ocurre que el presidente anterior era la misma Dilma que ahora parece ofuscada.

Además de medidas que conforman una política económica que es exactamente lo inverso de lo que defendió en la campaña electoral del año pasado, y que despierta fuertes críticas en su electorado, Dilma enfrenta un Congreso francamente hostil, principalmente en la Cámara de Diputados.

El nuevo presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, pertenece al PMDB, principal aliado del PT en la base parlamentaria del gobierno. Hábil negocista, más que negociador, Cunha tiene nociones muy singulares sobre el significado de ética y fidelidad. En sus primeros movimientos dejó bien clara su disposición de hacer de la vida del gobierno un infierno. Es un alto especialista en crear dificultades para luego vender facilidades. Sabe que el presidente de la Cámara tiene inmenso poder, a empezar por ser quien decide qué irá o no a votación en el plenario.

Para empezar, dio luz verde para que fuese aprobado el pedido presentado por la oposición, creando una nueva comisión parlamentaria de investigaciones (CPI) sobre los escándalos en Petrobras. En Brasil, las CPI tienen tanto poder como un tribunal de justicia, con la ventaja de actuar de manera mucho más ágil y veloz. El proyecto irá a votación cuando lo decida el presidente de la Cámara. Y esa decisión tendrá, por supuesto, un precio.

Si el avance de las investigaciones y el goteo cotidiano de nuevas revelaciones (por ahora, nadie pudo probar nada, pero queda evidente que hubo un esquema de corrupción amplio y que funcionó a lo largo de al menos 10 años en Petrobras) preocupan cada vez más al PT y al gobierno, una CPI tendrá, bajo muchos aspectos, la capacidad de ser una fábrica generadora de problemas.

Hay otra amenaza sobrevolando Brasilia: crece el movimiento destinado a llevar al Congreso un pedido de impeachment presidencial, o sea, que se vote por el alejamiento constitucional de Dilma Rousseff. Las posibilidades de éxito son mínimas, por no decir nulas, pero mientras tramite el eventual proceso el gobierno quedará paralizado, como el país también. A falta de una estrategia consistente de acción política, es de esa clase de movimiento que parece querer sobrevivir la oposición, con el respaldo cada vez más activo de los grandes conglomerados de comunicación.

Es muy difícil saber si todo ese cuadro podría haber sido evitado, si Dilma fuese una negociadora hábil y si no hubiese elegido un equipo articulador tan incompetente. Pero el cuadro está claro: además de una Cámara presidida por un diputado rebelde y capaz de cualquier cosa para luego lucir sus talentos de chantajista, el país enfrenta un cuadro económico de alta complejidad. La nueva política económica seguramente creará tropiezos serios, que irán de la recesión a la incertidumbre sobre programas sociales y logros alcanzados.

Lo que se ve, mientras tanto, es un gobierno catatónico, un vacío de poder desconcertante, una presidenta que lleva un tiempo enorme para tomar decisiones, mientras las circunstancias la van ahogando.

Lula da Silva admite, en conversaciones reservadas, su profundo malestar. Repite, cada vez más preocupado, que Dilma no lo escucha. Varios dirigentes del PT le piden a Lula que asuma directamente la articulación política en nombre del PT, con los ojos puestos en las presidenciales de 2018. Lula sabe que si lo hiciera, minaría aún más a un gobierno debilitado, una presidenta cuya aprobación popular se desplomó de manera notable en menos de mes y medio. Y sabe que si no lo hace, la oposición llegará a las elecciones muy fortalecida, poniendo en riesgo su intención de retomar la presidencia.

El año apenas comenzó, el gobierno recién estrenado no camina, tropieza, y hay una cordillera de problemas en su camino. La dificultad en adoptar decisiones surge como una nueva característica de una mandataria que nunca pareció lo que ahora parece: confusa, sin norte.

Ningún gobierno resiste al vacío de poder. Ningún gobierno llega a buen puerto cuando no tiene capacidad de decisión.

Dilma está sumergida en un laberinto. El país está perplejo.