Minas de Barroterán, Coah.

La lluvia en esta región del país genera lodo negro de carbón. El termómetro marca dos grados bajo cero. Hay una espesa neblina, pero las cruces blancas de los más de 2 mil mineros muertos resplandecen en las cunetas de las carreteras de la región carbonífera, productora de 95 por ciento de las reservas de México.

El martirologio minero continúa. Los pueblos, devastados por el daño ambiental están convertidos en auténticos basureros ecológicos, consecuencia de una industria voraz que mantiene un moderno sistema de esclavitud laboral para extraer más de 3 mil millones de toneladas de carbón al año.

Aquí no ha habido progreso en 100 años. Todo permanece suspendido en el tiempo. La extracción de carbón artesanal e industrial, sin condiciones de seguridad, ha generado miles de pocitos, tiros verticales de 100 metros de profundidad donde han muerto cientos de mineros; los sitios han ido cerrándose por la presión de las denuncias y emigrado a otro tipo de minería precaria e igual de peligrosa.

Algunas herramientas rudimentarias de los pocitos de carbón han sido abandonadas a lo largo y ancho de los pueblos de Cloete, Agujita, Esperanzas, Palau, Minas la Luz y Nueva Rosita para aumentar los desechos de esta industria, pero al mismo tiempo han surgido nuevas formas de explotación ilegal. Esta vez se trata de cientos de cuevas o minitas igualmente peligrosas para la salud y la vida de los trabajadores, quienes laboran hincados durante 10 horas diarias, a cambio de mil pesos semanales, sin Seguro Social ni prestaciones.

La prosperidad de las empresas, pozos, cuevas, tajos y minitas o minas de arrastre, propiedad de empresarios y de los llamados coyotes, dueños del carbón, contrasta con la miseria de los pueblos abandonados a su suerte, algunos sin servicios de drenaje o pavimentación, donde sobreviven más de 200 mil personas, cuyo destino manifiesto es formar parte de manera directa o indirecta de esta industria.

“Le dicen minitas, pero no son más que cuevas a lo que les ponen unos rieles de madera con el mismo motor viejo que usaban en los pocitos de carbón, y ahora sacan el carbón inclinados, en lugar de en vertical. La estructura interna es la misma, sin mapas, sin registro, sin Seguro Social y sin cumplir con las normas”, dice Cristina Auerbach Benavides, directora de la organización Familia Pasta de Conchos, al señalar que todo aquí sigue igual e incluso peor que hace nueve años, para luego anunciar el memorial por Pasta de Conchos a celebrarse el próximo 19 de febrero aquí y en el Distrito Federal.

Por estos pueblos no existe el término recreación. No hay parques, tampoco centros deportivos, mucho menos un cine o un teatro. Lo que sí existen son enfermedades, especialmente respiratorias. La región tiene el segundo lugar nacional con este tipo de padecimientos.

Y es que el aire está contaminado. El olor del carbón penetra no sólo a los pulmones de los mineros, cuya ciclo de vida disminuye de manera acelerada, sino también el de todos los habitantes que conviven diariamente con los desechos lanzados a las zonas urbanas.

A nueve años de la tragedia de Pasta de Conchos, los familiares de los 63 mineros que fueron abandonados en esa mina propiedad del Grupo México y de las demás víctimas de la industria del carbón, no sólo exigen el rescate de quienes quedaron enterrados de manera ilegal, sino de todo: A una voz, rescate, ya, es su lema.

Queremos el rescate, no sólo en Pasta de Conchos, sino de todos. Esto es un drama histórico. Sí, al rescate de Pasta de Conchos, pero también al de esta región devastada, dice Auerbach Benavides, mientras acomoda en una cuneta las cruces blancas con los nombres de los mineros que han muerto los últimos años.

Prodemi, el problema

La devastación de la zona carbonífera tiene responsables, y Auerbach Benavides, radicada en estas tierras desde hace años, los exhibe: Altos Hornos de México (Ahmsa) tiene las siderurgias y 70 por ciento de las concesiones de carbón. El resto, 30 por ciento, está repartido entre Grupo México y los pequeños y medianos propietarios, casi todos políticos priístas. La historia de Coahuila es priísta; aquí no ha habido cambio de partido, y eso puede explicar por qué a los mineros no se les escucha. Los mineros valen menos que una pala, pero hay un gran responsable de todo esto: el gobernador Rubén Moreira y su paraestatal Promotora de Desarrollo Minero (Prodemi).

La historia de esta empresa del estado de Coahuila se inicia en 1999, cuando firma con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) el Programa de Desarrollo y Fortalecimiento de la Región Carbonífera para la compra del carbón metalúrgico de los pocitos para la carboeléctrica Carbón II y crea en 2003 Prodemi, organismo descentralizado para intermediar y controlar el carbón obtenido por pequeños y medianos productores.

A 12 años de su fundación, está cubierta por la opacidad, comercializa toneladas de carbón de dudosa procedencia; tiene empresas contratistas que incumplen sus obligaciones con los trabajadores, y lo que es peor, una lista de empresas fantasma proveedoras, que carecen de centro de trabajo y de trabajadores.

Prodemi es el gran lastre que impide precisamente, que la minería del carbón sea detonador de la economía local y garante para la seguridad de los mineros. El fracaso del modelo de desarrollo que se pretendía generar se debe, entre otras razones, a la contradicción del gobierno del estado de Coahuila, que no puede regular la explotación minera del carbón y ser, a la vez, beneficiario, pues se apropia opacamente de una parte del negocio.

Culpa directamente al gobernador Rubén Moreira de la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas de los recursos obtenidos por la venta del carbón: “Prodemi, que tiene tolerancia del trabajo infantil, ausencia de investigaciones y estímulo del coyotaje en la venta y compra del carbón. ¿Por qué sí apuestan por el carbón y por los mineros no? Porque los mineros no son negocios”, dice.

Anualmente, Prodemi vende 3 millones 300 mil toneladas de carbón a las plantas termoeléctricas de CFE ubicadas en Coahuila, a mil pesos por tonelada. La opacidad ha generado corrupción y tráfico ilegal de hologramas o códigos de autorización para el transporte del carbón que autoriza un viaje de 36 toneladas equivalentes a una venta de 34 mil 488 pesos.

Además, Prodemi somete a pruebas la calidad del carbón, y eso significa diferencias en el precio hasta de 20 o 30 por ciento: “Hay un manejo turbio de la calidad del carbón; hace descuentos que no explica, mientras el coyote lo compra a 400 pesos por tonelada, explotando mineros y se lo vende a Prodemi en 900 pesos”.

La corrupción

De acuerdo con una investigación realizada con la Ley de Transparencia, de 74 empresas a las que Prodemi asigna un contrato –43.24 por ciento–, entregó títulos cancelados, inexistentes o de otros minerales en otros estados del país.

Sólo tres empresas trabajan con títulos de concesión propios: Esto significa, como lo hemos dicho reiteradamente, que en este esquema de asignación y explotación del carbón la responsabilidad por la vida, la salud y la integridad de los mineros y sus familias fácilmente la diluyen las autoridades para no determinar la responsabilidad en los siniestros. Es una mafia. Es un sistema corrupto, dice Auerbach Benavides.

De esas 74 empresas, ocho no tienen trabajadores registrados en el Seguro Social y 21 empresas más (28.37 por ciento), cuentan con menos de 15 obreros, lo que significa que no tienen el personal ni siquiera para operar un pozo. Esto quiere decir, que 29 empresas del total, que representan 39.18 por ciento, no cuentan con la capacidad para tener contratos de carbón.

Algunas empresas que trabajan a Prodemi tienen dirección en Nuevo León, pero al acudir a comprobar su existencia se pudo determinar que 10 –que equivalen a 13.51 por ciento– no tienen centro de trabajo y que la dirección registrada ante la Secretaría de Hacienda no existe ni tiene registro ante el Seguro Social.

Además, 14 tienen en su haber entre uno y 20 mineros muertos a consecuencia de la falta de condiciones de seguridad e higiene.

Este entramado de empresas fantasma ofrece las razones de la devastación de la zona carbonífera y la constante muerte de mineros: El 52 por ciento de las empresas deberían estar, cuando menos, inhabilitadas para obtener contrato de carbón. Si a este porcentaje agregamos además, las empresas que tienen muertos en su historia, más las que aparentemente son inexistentes, podemos concluir que estamos ante una perversa política de corrupción para la extracción de carbón. Es una mafia.

Y se pregunta: ¿Dónde está el dinero de ese carbón que Prodemi vende a la CFE? Alguien se está beneficiando con muchos millones de pesos. ¿Por qué CFE no controla esto? Es un sistema fracasado en 20 años. CFE debe de hacer licitaciones públicas para la compra de carbón. Y Prodemi debe desaparecer. Punto.

Para Auerbach Benavides esto explica la razón por la cual la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila jamás ha dictado una sentencia condenatoria por la muerte de mineros, ni siquiera abierto averiguaciones previas.

Cada empresario de la extracción artesanal y precaria del carbón, en cuyos pozos o cuevas muere un minero, paga 180 mil pesos y después continúa sacando carbón: Está comprobado que sale más barato pagar por los muertos que invertir en seguridad.