El Senado dejó en primera lectura la minuta sobre deudas de los estados, que fue aprobada en comisiones sin cambio alguno. En tanto, con el voto del PAN en contra –que en la pasada sesión rompió el quórum para impedir la votación– se aprobó el nombramiento de Rosa Mireya Félix como magistrada electoral de Sonora.

Los panistas acusaron a la nueva funcionaria de representar los intereses del PRI. Héctor Larios sostuvo que ya habían presentado solicitud de juicio político en su contra para destituirla, por su parcialidad en favor de los priístas.

En entrevista, luego de que Rosa Mireya Félix fue electa por mayoría en el pleno, Larios explicó: “eso te dice más o menos el ánimo con que vamos a ir a una elección, donde dos de los tres magistrados que integran el tribunal (del estado) tienen una carga clarísima en favor del tricolor. Y los priístas lo hacen rompiendo todos los acuerdos. Por ejemplo, se convino que no hubiera control de ningún tribunal por parte de algún partido. Impugnaron a un magistrado, lo retiraron y ponen a alguien a fin a ellos”.

Durante la sesión de ayer también se otorgó licencia por tiempo indefinido al coordinador de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado, quien este sábado se registrará como precandidato para la gubernatura de Colima.

Luego de que por la mañana las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera aprobaron en sus términos la minuta de la colegisladora, que modifica diversas disposiciones de la Constitución en materia de disciplina financiera de estados y municipios, quedó de primera lectura en el pleno. El próximo martes de discutirá y aprobará.

Con esta reforma se faculta al Congreso para establecer en las leyes correspondientes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios adquieran créditos, y señala los límites y modalidades bajo los cuales podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan.

Asimismo, precisa que el Congreso, por medio de una comisión legislativa bicameral, tendrá facultad de analizar la estrategia de estados y municipios para fortalecer sus finanzas públicas, la cual estará planteada en los convenios que pretendan celebrar con el gobierno federal para obtener garantías.