n grupo de cinco senadores demócratas y republicanos presentaron ayer un proyecto de ley para levantar el embargo de Estados Unidos de más de cinco décadas contra Cuba y revocar provisiones de leyes anteriores que impedían a los estadunidenses hacer negocios con la isla, sin derogar partes de la legislación en lo referente a reclamos sobre derechos humanos o propiedad contra el gobierno que encabeza Raúl Castro.

El anuncio, que forma parte de una serie de proyectos de ley con el fin de matizar las restricciones a los viajes y el comercio, se produce casi dos meses después de que el presidente Barack Obama dio a conocer una serie de medidas para normalizar las relaciones con la isla, notablemente el restablecimiento de los vínculos diplomáticos entre ambos estados, rotos desde 1961.

A pesar de las resistencias que generó en amplios sectores de la oposición y del propio Partido Demócrata, así como en el llamado lobby cubano-estadunidense, el hecho es que ese anuncio ha generado una fisura inocultable en el consenso, antes hegemónico, de respaldo al bloqueo económico a Cuba por parte de la clase política del país vecino del norte.

Por supuesto, los avances registrados hasta ahora en la perspectiva de la normalización de relaciones entre Washington y La Habana no bastan para echar las campanas al vuelo. Aun en el caso de que los sectores legislativos favorables a esa perspectiva lograran la aprobación de las reformas propuestas –una expectativa que dista mucho de ser segura–, quedaría pendiente el levantamiento de las sanciones que aún persisten.

Ha de considerarse que el mantenimiento del embargo contra Cuba es injusto, porque castiga a la sociedad cubana en mayor medida que al régimen al que pretende presionar; que es incompatible con la legalidad internacional; que expresa una arrogancia imperial que pretende imponer a otras naciones modelos económicos y formas de gobierno, y que contradice la propia política económica de Estados Unidos, en la medida en que ha limitado el libre comercio y privado a empresas cubanas y estadunidenses de oportunidades de negocio legítimas.

Cabe esperar, por ello, que el clima de opinión favorable al descongelamiento de la relación económica y política entre Estados Unidos y Cuba avance en forma rápida y sostenida. El embargo, instrumento de una política exterior concebido e iniciado hace medio siglo, genera en el presente el rechazo de prácticamente toda la comunidad internacional. Su perpetuación sería un fracaso más con respecto de las promesas iniciales de cambio en la proyección internacional de Estados Unidos que hizo Barack Obama al llegar a la Casa Blanca.