l 14 de enero pasado el fiscal argentino Alberto Nisman acusó públicamente a la presidenta de su país, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), de decidir, negociar y organizar la impunidad de los prófugos iraníes en la causa AMIA con el propósito de liberar a los acusados y fabricar la inocencia de Irán. Se refería al atentado perpetrado en julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, en el que murieron 85 personas, y al acuerdo firmado años después (enero de 2013) por los gobiernos de Teherán y Buenos Aires para establecer una comisión de la verdad que esclareciera de una vez por todas la culpabilidad o la inocencia de los ciudadanos iraníes señalados como responsables intelectuales del ataque, acuerdo que el fiscal consideraba una maniobra de encubrimiento. La acusación debía ser expuesta ante el Congreso cinco días después, el 19 de enero, pero unas horas antes de la cita, Nisman se encerró a piedra y lodo en su departamento y se disparó un tiro en la cabeza. De inmediato, la oposición oligárquica se lanzó sobre el gobierno y muchos, desde entonces, han estado buscando, por así decirlo, las huellas digitales de la presidenta en la pistola con la que el fiscal puso fin a su vida.

El episodio me ha hecho recordar lo ocurrido en Guatemala unos años antes, concretamente el lunes 10 de mayo de 2009, día en que el abogado empresarial Rodrigo Rosenberg Marzano fue asesinado de tres disparos en la cabeza cuando paseaba en bicicleta en una zona residencial de la ciudad de Guatemala. Casi un mes antes, el 14 de abril de aquel año, dos de sus clientes, el empresario textil Khalil Musa Bassila y su hija Marjorie Musa Maldonado (con la que Rosenberg mantenía una relación sentimental), habían sido ultimados cuando se trasladaban en su automóvil, por un motociclista solitario que vació sobre ellos el cargador de una escuadra 9 milímetros (http://bit.ly/1EWqvMK). Este primer crimen pasó relativamente inadvertido para la opinión pública guatemalteca hasta después de ocurrido el segundo, el cual tal vez no habría levantado ámpula de no ser porque el 11 de mayo llegó a la redacción de varios periódicos del país un video grabado por el propio Rosenberg con una larga deposición que comenzaba así:

Si usted está viendo este mensaje es que yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Álvaro Colom y de Sandra de Colom (http://vimeo.com/4599934). Los dos últimos eran nada menos que el presidente del país y su esposa, y Valdés, un empresario de la construcción cercano al mandatario.

En los siguientes 18 minutos de la grabación el abogado narraba una historia de intrigas según la cual Khalil Musa había sido víctima de una trampa para involucrarlo en una maraña de corrupción que se desarrollaba, supuestamente, en Banrural, una entidad financiera creada tras los acuerdos de paz de 1996 y que agrupa a pequeños agricultores y microempresarios rurales que no tenían acceso a créditos de la banca tradicional. Sus principales aportaciones provienen del sector público, de cooperativas mayas, xincas y garífunas, organizaciones de mujeres, grupos de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y pequeños empresarios, y su éxito ha sido visto por la tradicional oligarquía del país como una amenaza a su hegemonía económica.

Según narraba Rosenberg en el video difundido de manera póstuma, la presidencia de Colom (centroizquierda) había urdido dar a Khalil (un hombre de bien) un nombramiento en la directiva de Banrural para que sirviera de tapadera para una cueva de ladrones. Allí, el empresario se habría enterado de negocios sucios y las altas esferas del poder habrían decidido su asesinato. Sentado frente a la cámara, Rosenberg exhibía un sobre cerrado con los documentos probatorios de tal trama, se decía dispuesto a revelarlos y asumía que, como consecuencia de su decisión, él mismo habría de ser ejecutado. No le importaba: aunque no habría tenido ningún deseo de morirme, estaba dispuesto a pararse frente a un ladrón, asesino y cobarde como Colom, para que mi muerte sirva para empezar un nuevo camino, para que la gente se rebele, y llamaba al entonces vicepresidente, Rafael Espada, a empezar un movimiento y metiendo a la cárcel a todos estos desgraciados.

Con el cuerpo de Rosenberg todavía en la funeraria, la inmediata difusión de su video causó un terremoto político que cimbró al gobierno de Colom. En un intento por calmar las aguas, éste compareció en televisión para rechazar las acusaciones y para pedir que no se usara la muerte del abogado con fines perversos que incentiven la ingobernabilidad, pero fueron muy pocos los que creyeron en su inocencia. Aislado de la ciudadanía y acorralado por una oligarquía que nunca aceptó compartir su Guatemala con el grueso de la población, el presidente pidió la inmediata intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig, http://cicig.org/), un organismo dependiente de la ONU creado ex profeso para promover la responsabilidad y reforzar el estado de derecho en ese país. El propio titular de la Cicig, el jurista español Carlos Castresana Fernández, pionero en las demandas contra los cabecillas de las dictaduras militares de Argentina y Chile, emprendió la investigación de la muerte de Rosenberg y llevó el caso a un vuelco de 180 grados: en enero del año siguiente el comisionado de la ONU exoneró al presidente Colom de toda responsabilidad en el asunto e informó que el que dio las instrucciones para el asesinato fue el mismo Rosenberg (http://mun.do/1Eco1WI).

Según explicó Castresana, el abogado mandó comprar un teléfono celular a nombre de otra persona para enviarse a sí mismo amenazas e intentos de extorsión. A continuación, se quejó de tal situación con sus primos, los empresarios Francisco José y José Estuardo Valdés Paiz, y les pidió que contrataran a un sicario para matar a quien supuestamente lo estaba extorsionando. Los dos individuos encargaron el trabajo a uno de sus guardaespaldas, el cual contactó a unos sicarios. Rosenberg detalló con precisión la características del objetivo: apariencia física, color y estilo de ropa, y lugar y hora del día en que debía ser balaceado. Luego grabó el video en el que incriminaba al presidente y unos días más tarde, a la hora indicada, acudió a su cita con la muerte.

Castresana tuvo el tacto de no hablar mal de un difunto, prefirió no polarizar la situación política del país más de lo que ya estaba y aseguró, al presentar sus conclusiones, que el muerto había sido una persona honorable, sabía lo que hacía, actuó solo, no conspiró con nadie y a nadie le dijo lo que iba a hacer. Atribuyó la delirante muerte de Rosenberg a que éste se encontraba en un proceso de huida a ninguna parte y a que sufría una severa depresión por la muerte de su madre, por los asesinatos de los Musa y por problemas personales y económicos que enfrentaba a raíz de su reciente divorcio. Estaba convencido –dijo Castresana– que el asesinato de Khalil se debía a que ése había descubierto en Banrural actos de corrupción en los que estaban involucrados Colom, su esposa y el secretario privado del presidente, y “pensó que con su muerte podría atraer atención al caso. Pero de todo ello no tenía ninguna prueba: el sobre exhibido por el abogado en el video póstumo estuvo siempre vacío, como pudo estarlo el maletín inculpatorio de Nisman (http://bbc.in/1vlQrsM).

Desde luego, tanto en el caso de Rosenberg como en el de Nisman, queda la impresión de que hubo una sopa de intereses sórdidos detrás de ambas muertes. Hay grupos sociales oligárquicos que, cuando se sienten amenazados, son capaces de sacrificar a uno de los suyos para echar el cadáver sobre un escritorio presidencial.

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