Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de desafortunado que la Procuraduría General de la República (PGR) intente desprestigiar al equipo de peritos argentinos que trabajan en el caso de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Luego de que la dependencia calificó los planteamientos que hicieron los expertos sudamericanos en torno a las investigaciones del caso como meras especulaciones e hipótesis alejadas de la realidad, Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, consideró que la PGR está buscando ganar el tema en el terreno mediático.

Lejos de hacer daño, el análisis del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) beneficia a la investigación, estimó.

Mientras, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dijo que espera que los señalamientos de la procuraduría no sean una estrategia para cerrar la investigación al escrutinio público.

En un comunicado, Amnistía Internacional añadió que la declaración de la PGR parece estar escrita para responder de prisa al cuidadoso examen realizado por los peritos argentinos e intentar desacreditar su trabajo y reputación, en lugar de analizar sus recomendaciones.

Los especialistas extranjeros señalaron el sábado pasado, entre otras cosas, que en el basurero de Cocula, Guerrero, se han registrado incendios desde 2010, por lo que los restos enviados a la Universidad de Innsbruck, Austria, pueden no corresponder a los involucrados en los incidentes del 26 de septiembre de 2014, sino a eventos anteriores.

AI resaltó que la respuesta de la PGR no resuelve las críticas hechas por los peritos sudamericanos, quienes han puesto en duda las indagatorias de la dependencia, por considerar que sus conclusiones son prematuras y están basadas en un análisis sesgado de la evidencia disponible.

La organización recordó que el EAAF ha manifestado su preocupación porque las conclusiones presentadas por el procurador Jesús Murillo Karam evidencian graves deficiencias en la investigación y fueron emitidas meses antes de la conclusión del trabajo forense.

De acuerdo con los peritos sudamericanos, recordó, la explicación gubernamental de los eventos no tomó en cuenta que, si bien no hay evidencia forense para vincular a los estudiantes desaparecidos con los restos humanos encontrados en el basurero en Cocula, sí existe clara evidencia de que al menos algunos de los restos pertenecen a víctimas no relacionadas con el caso de los normalistas.

En este sentido, subrayó que el gobierno sostiene su caso principalmente en los testimonios autoinculpatorios dados por los detenidos y evidencia forense muy limitada.

Preocupación

Amnistía Internacional también externó su preocupación en torno a que los indicios podría haber sido manipulados. El EAAF reveló que 20 perfiles genéticos enviados a la Universidad de Innsbruck por las autoridades eran erróneos y que el basurero de Cocula no estaba bajo custodia policial del 7 al 28 de noviembre de 2014. Estas inconsistencias deben investigarse adecuadamente por el gobierno, en estrecha colaboración con el EAAF, familiares de las víctimas y sus representantes.

La organización pidió a las autoridades mexicanas discutir adecuadamente todos los aspectos relevantes del asunto con las familias y sus representantes antes de hacer cualquier anuncio público.

La procuraduría debe respetar las demandas legítimas de las víctimas y de la sociedad en general, para examinar a fondo la historia contada por quienes sobrevivieron al ataque del 26 y 27 de septiembre. Por tanto, esta investigación debe incluir un cuestionamiento serio sobre la posible participación de militares durante el día del ataque y su posible complicidad previa con el crimen organizado que permitió que la violencia creciera de tal manera en la región, subrayó.

Más adelante instó al gobierno a dar a los expertos argentinos pleno acceso a sus archivos e información necesaria que les permita continuar sus pesquisas.

Por lo demás, dijo recibir con satisfacción la participación en el caso de un grupo interdisciplinario de expertos designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al igual que con el EAAF, el gobierno debe otorgar acceso completo y todas las garantías necesarias en el desempeño de su tarea, concluyó.