El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, afirmó que en tanto no se tenga consensuada la nueva norma de desarrollo urbano en materia de vivienda no se definirá fecha para el periodo extraordinario.

Ayer, aun con los cambios introducidos al proyecto original, en mesas de trabajo con pueblos y barrios originarios y representantes de comités ciudadanos, los legisladores escucharon cuestionamientos y hasta advertencias, como la de un vecino de Gustavo A. Madero: si esta norma pasa, ustedes lo van a pagar en las urnas, no les quepa la menor duda.

En las modificaciones que hasta ayer se hicieron al documento se suprimió lo relativo a renta y se introdujo el concepto de vivienda media. De entrada, en el artículo 1º se agregó que los predios en los que se aplicará el ordenamiento deberán considerar las condiciones presentes y futuras de dotación en servicios urbanos, infraestructura, transporte y condiciones de valor del suelo.

Temas de infraestructura urbana, movilidad, desplazamientos de población de bajos ingresos y, sobre todo, abastecimiento de agua concentraron las preocupaciones planteadas por los vecinos.

En los últimos cambios a la norma, se plantea que las viviendas excedentes que construyan los desarrolladores violando la norma pasarán a dominio del Invi y proponer una reforma penal para que los desarrolladores, además de ser sancionados, se les asegure el inmueble y pase a formar parte del DF para causas de utilidad pública.

Se faculta a Sacmex a emitir criterios de factibilidad hídrica

En los transitorios se faculta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) para emitir criterios de factibilidad hídrica y determinar la cantidad de viviendas que se puede construir en cada zona y se agregó un catálogo de pueblos y barrios originarios en las que no se autorizarán proyectos del sector privado.

En cuanto a los costos máximos de vivienda A, B y C se mantienen en 503 mil 919.8 pesos, 746 mil 996.25 y un millón 200 mil 621.8 pesos, pero esta última será considerada vivienda media y no tendrá beneficios de reducción fiscal.

En el caso de los cajones de estacionamiento para vivienda tipo A, se plantea uno por cada tres departamentos y no cinco, como en el primer documento; y se agregó para todos los casos crear espacios en el interior para el resguardo de transporte alternativo. Los legisladores sostendrán otra mesa de trabajo con organizaciones el próximo viernes.