Trabajadores de más de 100 organismos descentralizados, como Caminos y Puentes (Capufe), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) están en riesgo de ver cancelados sus derechos laborales por la iniciativa de ley que reforma el apartado B del artículo 123 constitucional, la cual les quitaría el derecho de asociación, es decir, de tener sindicatos, negociación colectiva y derecho a huelga.

Incluso los empleados de confianza de estos organismos perderían el derecho de indemnización en caso de despido.

Asimismo, también están en riesgo derechos adquiridos por trabajadores de organismos autónomos (actualmente 10), como los institutos Federal de Acceso a la Información (Ifai), Nacional Electoral (INE) o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ya tenían restricciones a sus derechos individuales y colectivos.

Un informe de los abogados de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) señala lo anterior e indica que la iniciativa nulifica los avances de las dependencias que han logrado contratos colectivos de trabajo.

Explica que repentinamente apareció en la Cámara de Senadores una iniciativa de ley que reforma el apartado B del artículo 123 constitucional, mediante la cual se cancelan derechos a los trabajadores de más de 100 organismos descentralizados que regían sus relaciones en el apartado A, propio de los trabajadores en general, por una jurisprudencia que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1996.

Dicha iniciativa se introdujo inexplicablemente dentro del paquete de la reforma política del Distrito Federal, aun cuando no tenga vinculación un tema con el otro, indica el análisis elaborado por Arturo Alcalde Justiniani, entre otros especialistas.

Advierte que de aprobarse esta reforma significaría un cambio radical del modelo laboral, suprimiría los derechos de decenas de sindicatos democráticos y cancelaría la posibilidad que tienen los trabajadores de estos organismos para formar gremios reales.

La reforma afectaría a los organismos autónomos como el INE e Ifai y provocaría que los descentralizados ya no se rijan por el apartado A.

En este caso están, por ejemplo, trabajadores de organismos del sector educativo, como Conalep, Posgraduados de Chapingo, Capufe, Profeco y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, quienes perderían su libre sindicalización.

La UNT llamó a detener esta reforma, ya que inicialmente se aprobó en comisiones unidas de Puntos Constitucionales e incluso se le dio una primera lectura en el pleno del Senado.