Los grupos legislativos de PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados acordaron que la Comisión de Puntos Constitucionales fije esta semana un calendario para discutir este mes un dictamen de reforma a la Constitución que permita integrar el sistema nacional anticorrupción.

Acción Nacional aseveró que en el PRI persisten resistencias, aunque el vicecoordinador del tricolor, Héctor Gutiérrez, sostuvo que su partido está de acuerdo, con matices, en que se apruebe la reforma este mes.

Por ejemplo, dijo, el Revolucionario Institucional no está de acuerdo en que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) indague el gasto de estados y municipios y se insista en constituir una fiscalía anticorrupción, pues ésta ya forma parte del organigrama de la recién aprobada Ley de la Fiscalía General de la República.

No queremos una impugnación de constitucionalidad si se introduce la revisión de los ingresos estatales por la ASF, manifestó.

Miguel Alonso Raya, coordinador del PRD, informó que la comisión acelerará su tarea de dictamen para limar y acortar las diferencias entre los grupos parlamentarios y se pueda aprobar un sistema anticorrupción que tipifique delitos e inhiba la tentación de meter mano a los recursos públicos, con medidas como el embargo precautorio a los funcionarios y la extinción de dominio de sus bienes para resarcir al erario lo que se lleven.

Manifestó que, previo a la reunión semanal de la Junta de Coordinación, habló con el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, y coincidimos en esta serie de puntos, el rol de los órganos anticorrupción y de qué manera debería definirse el sistema.

Al respecto, Anaya señaló que el blanquiazul reiteró sus condiciones sobre las bases mínimas del sistema: dar poder a los ciudadanos mediante observatorios; control interno auténtico, sin simulaciones, lo cual implica que el secretario de la Función Pública sea ratificado por el Senado; controles externos, autónomos del Ejecutivo, que incluyan atribuciones adicionales a la ASF para practicar auditorías en tiempo real, y sancionar a los funcionarios.

El problema actual, por el que hay tanta impunidad, es porque los que hoy sancionan son empleados del Presidente, de gobernadores y de alcaldes, destacó.