os pasados 2 y 3 de febrero, el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra puso a revisión por primera vez la situación en México en materia de desaparición forzada. A la sesión asistieron Hilda Legideño Vargas, mamá de Jorge An­tonio Tizapa Legideño, y Bernabé Abraján Gaspar, papá de Adán Abra­ján de la Cruz en representación de las madres y los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala, hace cuatro meses. De entrada señalaron: Hemos decidido venir aquí a este comité, para conseguir algo de apoyo y obtener realmente justicia, ya que nuestro gobierno es incapaz. Con ellos participaron el centro Pro de Derechos Humanos, el Centro Tlachinollan y la CNDH, los cuales solicitaron que se exhorte al gobierno mexicano a no cerrar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Cabe aclarar que también asistieron familiares y organismos de derechos humanos deChi­huahua y Coahuila que hacen parte de la defensa y búsqueda de desaparecidos a escala nacional. De la parte oficial asistió un numeroso grupo, encabezado por el embajador Gómez Robledo, quien solicitó al inicio un minuto de silencio en memoria de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, lo cual anunciaba la intencionalidad de sostener la tesis de la PGR, pues tal práctica se asocia a personas fallecidas. La sesión transcurrió entre diversas tensiones, en primer lugar la relativa a la naturaleza global de la problemática a revisión y la fuerza del caso Ayotzinapa, cuya centralidad fue contundente. El discurso mexicano buscó evadir el crimen de Estado al señalar que la desaparición forzada de los estudiantes pone de manifiesto, una vez más, que debemos seguir atendiendo los problemas asociados a la pobreza, la exclusión y la corrupción, para hacer frente al crimen organizado y la violencia que lo acompaña, y así fortalecer las capacidades del Estado en seguridad y justicia. Defendió su tesis de que los jóvenes están desaparecidos, pero hay hipótesis de que fueron asesinados y calcinados.

El comité formuló la pregunta clave: ¿Por qué la PGR tardó 10 días en atraer la indagatoria del caso Ayotzinapa?, y deslizaron el comentario de que los argumentos y respuestas son insuficientes y no aclaran las dudas. Durante la sesión cobró fuerza la demanda de que México acepte la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las peticiones individuales en términos del artículo 31 de la Convención In­ternacional para la Protección de Todas las Personas contra las De­sapariciones Forzadas de la ONU. Ante ello la respuesta oficial fue que sigue en estudio y al propio tiempo intentaban detener lo que en los hechos se impuso, esto es el abordaje si bien general del caso Ayotzinapa reforzado con una sesión privada más amplia, donde el comité escuchó a los familiares, quienes relataron su dolor y angustia, y porqué no confían en el gobierno y los organismos de derechos humanos señalaron las razones para exigir que no se cierre el caso, al punto que el embajador mencionado pidió que en virtud de que en México se estaba dando por hecho que la sesión abordaría la desaparición de los normalistas, solicitaba la aclaración de que no era así. Al tener razón formal se aceptó la aclaración. Si bien se abordó la grave situación en México en materia de desaparición forzada, ya que en el país se reportaron más de 23 mil casos entre 2006 y 2012. El Estado se encerró en la frase oficial preferida: tienen retos pero los están superando, pues no dio evidencias contundentes, la base de datos nacional sobre personas desaparecidas, los programas de protección para testigos y denunciantes, los motivos por los que no se ha adoptado la Ley General sobre Desaparición For­zada y el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Da­tos de Personas Extraviadas o De­saparecidas. Tam­poco sobre el número de elementos de la fuerza pública procesados por desaparición forzada, y el retiro del Ejército de las calles. La única respuesta concreta fue que para junio próximo se contaría con la ley general y la disposición de aceptar colaboración. Mencionó la asistencia técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En tres días el comité dará sus recomendaciones y ya está advirtiendo el gobierno que deberán ser técnicas y no políticas, y que no son vinculantes sino sujetas a revisión. Al margen de ellas, es evidente que en la sesión del comité la voz de las madres y los padres de los estudiantes se impuso, y su acción política se reforzó en la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, que acordó aportar recursos para emprender una investigación independiente. Sin duda, los familiares de los estudiantes están consolidando el cerco contra la impunidad que campea en nuestro país como política de Estado.