La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó anoche que China Railway Construction Corporation (CRCC), Teya –de Grupo Higa–, GIA+A, GHP y Prodemex solicitaron que les pague los gastos en que incurrieron en el proceso de licitación del Tren de Alta Velocidad (TAV) México-Querétaro, cuyo fallo les favoreció y luego fue anulado por decisión de la Presidencia de la República a sugerencia del secretario Gerardo Ruiz Esparza.

En un comunicado la dependencia informó que representantes comunes del consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation reclamaron el pago de los gastos. Al ser consultada sobre si las firmas mexicanas se sumaron al reclamo, confirmó que las empresas de Juan Armando Hinojosa, Hipólito Gerard y Olegario Vázquez también buscan recuperar lo que gastaron en la preparación del proyecto, monto que no ha sido definido porque la SCT está a la espera de que entreguen los comprobantes, e indicó que en los próximos días su área jurídica y la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal (DGTFM) emitirán una respuesta.

El titular de la DGTFM, Pablo Suárez, había informado por la mañana, en el marco de la Expo Rail 2015, que se celebra en Cancún, Quintana Roo, que la solicitud fue hecha por China Railway Construction Corporation a finales de enero.

De acuerdo con la legislación mexicana, un particular tiene tres meses a partir de que se le notifique la anulación de alguna licitación o la no firma de un contrato para reclamar los gastos no recuperables realizados.

La SCT notificó al consorcio que no firmaría el contrato para la construcción y operación del TAV México Querétaro, el 1º de diciembre de 2014.

Desde que se dio el fallo de la licitación, la SCT no ha hecho público ningún documento sobre el caso. El secretario Ruiz Esparza hizo el anuncio de la anulación del fallo de forma verbal y después se supo que no existe un documento en que conste la orden presidencial de cancelar el proceso y no firmar el contrato.

La notificación sobre la no firma del contrato entregada al consorcio encabezado por China Railway fue presentada a la Secretaría de la Función Pública por el testigo social Humberto Santillana.

La SCT tampoco ha hecho público el documento en que China Railway solicita el pago de los gastos realizados, pero anoche emitió un comunicado en que acepta que el consorcio hizo la solicitud con base en el artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), y 70 y 82 de su reglamento.

Sin embargo, China Railway sí informó a la Bolsa de Valores de Hong Kong el 2 de febrero pasado que el gobierno mexicano había decidido hacer un recorte presupuestal millonario, por lo que no se construiría el TAV México-Querétaro.

En un comunicado puntualizó al público inversionista que se trata de un caso especial que no afecta las operaciones de la compañía ni tiene un impacto sustancial, pero acotó que está en negociaciones con el gobierno mexicano, y se comprometió a informar al mercado de valores sobre el progreso del reclamo.

La empresa estaba dispuesta a participar en la nueva licitación del tren, sin embargo el proyecto se suspendió de forma indefinida el 30 de enero, como anunció la Secretaría de Hacienda, y al parecer tomó la decisión inmediata de reclamar sus derechos al conocer la decisión del gobierno mexicano.

Después de que se anunció la anulación del fallo en noviembre del año pasado corrieron rumores sobre un supuesto pago de la SCT a China Railway por aproximadamente 16 millones de dólares; sin embargo, la dependencia desmintió la versión, y en algún momento Ruiz Esparza declaró que ya había concluido el plazo para que hiciera algún reclamo.

Como parte del discurso del funcionario al momento de emitir el fallo para resaltar las cualidades de China Railway, dijo que la empresa trabajó casi un año con más de 200 técnicos y especialistas para integrar su propuesta técnica y económica.

La SCT puntualizó que sólo se pueden pagar costos como pasajes y hospedaje del personal designado para viajar a México para asistir a la visita al sitio de los trabajos, a las juntas de aclaraciones, al acto de presentación y apertura de proposiciones, al acto de fallo y a la firma del contrato.

Asimismo se pueden pagar los costos incurridos en la preparación e integración de la propuesta, que abarcan el pago de honorarios del personal técnico, profesional y administrativo que participó en forma directa en la preparación e integración; materiales de oficina; uso de equipo de oficina y fotocopiado implementados en la preparación e integración de la propuesta; impresión de planos implementados en la preparación e integración de la propuesta.