Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa están legitimados y tienen interés jurídico para recurrir al juicio de garantías por las omisiones, errores e irregularidades que detectó el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la investigación de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre la desaparición forzada de estudiantes, con amplias posibilidades de que les concedan la protección de la justicia federal, coincidieron especialistas en amparo penal.

Dijeron que el efecto de ese amparo sería para que la fiscalía federal agote todas las hipótesis de investigación, incluido el tema de la posible participación del Ejército mexicano en la desaparición forzada de los estudiantes.

Gabriel del Real, Omar Aranda y Alberto Del Valle –el primero con especialidad en amparo, y los segundos catedráticos de esa materia en diversas universidades del país–, entrevistados por separado, dijeron que la nueva Ley de Amparo, que otorgó la calidad de parte en el juicio de garantías a las víctimas y ofendidos por la comisión de un delito, deja en posibilidad a los padres o hermanos de los jóvenes desaparecidos de pedir el amparo contra omisiones del Ministerio Público Federal (MPF).

Del Real expuso que lo primero que tienen que hacer los familiares es presentar un escrito de petición a los fiscales federales del caso Ayotzinapa, para que una vez que la autoridad responda que la investigación ha concluido, los padres se inconformen por ese acto de autoridad por la omisión de los agentes del Ministerio Público que no agotaron las hipótesis de investigación.

Añadió que el informe de la EAAF puede aportarse en un juicio de amparo como prueba documental y/o pericial, que tenga el propósito de convencer al juzgador de las fallas en que incurrió la PGR en su investigación por el caso Ayotzinapa.

El litigante, especialista en amparo, dijo que los familiares de los estudiantes pueden hacer valer violaciones a derechos humanos y exigir, citando varios artículos del Pacto Internacional de San José, Costa Rica, lo que en derecho internacional se conoce como tutela judicial efectiva, a fin de que en un futuro se dé entrada a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Alberto Del Valle coincidió en que procede el juicio de amparo en favor de los familiares de las víctimas del caso Ayotzinapa, y añadió un ingrediente: es legítima y totalmente procedente la posibilidad de que los padres de los normalistas sean indemnizados, por la vía de reparación patrimonial del Estado mexicano, por las irregularidades y fallas de la PGR en la investigación.

Omar Aranda señaló que el Estado mexicano sigue en deuda con los familiares de los jóvenes desaparecidos, pues, más allá de conclusiones adelantadas, lo que claman es justicia, sanción a los responsables y reparación del daño moral y patrimonial.