Con el proceso electoral 2015 en marcha, en las oficinas de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aún permanecen sin resolver los recursos en torno a los gastos de las campañas federales de 2012, y con ello falta dilucidar la legalidad del polémico entramado que montó el PRI para amarrar el triunfo de Enrique Peña Nieto, con Banca Monex como elemento clave de un presunto financiamiento ilícito y que cumple ya dos años sin esclarecerse la queja original sobre las tarjetas utilizadas.

Era una operación financiera que tenía como eje el fondeo de recursos por fuera de las instituciones bancarias mediante empresas de dudosa existencia, un esquema que ahora guarda grandes similitudes con las cuestionadas casas del Presidente y del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

Si equiparamos a Peña Nieto con toda la campaña del PRI-PVEM, en cuanto a préstamos personales, prácticamente de amigos que van financiando y después ofrecen servicios a los gobiernos que ha encabezado (Abraham Hinojosa era uno de los proveedores de la campaña presidencial), lo que vemos es que en ambos casos se puede equiparar que hay recursos que no están incluidos en el sistema financiero y bancario del país, afirma Alfredo Figueroa, ex consejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE).

Unico integrante del IFE que votó en contra de la resolución sobre el caso elaborada por la Unidad de Fiscalización, encabezada por Alfredo Cristalinas, Figueroa cuestiona la dilación en resolver los recursos relacionados con los gastos de las campañas federales en 2012. Me parece increíble que el tribunal haya tardado tanto tiempo en llegar a una solución. Ya cambió la ley antes de que ellos tuvieran una conclusión.

Para el presidente de la comisión de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Benito Nacif, si bien el TEPJF no tiene plazo para resolver este tipo de impugnaciones, los criterios que emite dan luz a los legisladores para utilizarlos en la reforma electoral, y a las autoridades administrativas para orientar en la resolución de quejas.

Consecuencia directa de la importancia que tuvo el financiamiento de campaña en 2012 fue que la reforma electoral tuvo como uno de sus ejes centrales modificar sustancialmente la forma y los tiempos de fiscalización de los partidos políticos, para que ahora se puedan considerar causa de nulidad de una elección.

A comienzos de 2014 el Congreso concluyó la reforma electoral que ahora obliga al INE a terminar la fiscalización 45 días después de realizadas las elecciones del próximo 7 de junio. Con dicha reforma se podría dar la paradoja de que se resolviera primero la fiscalización de las campañas de 2015 que las de 2012.

La historia

En medio de las críticas que en 2012 realizaban PAN y PRD al elevado financiamiento de la campaña presidencial priísta, el blanquiazul detectó la utilización de tarjetas Monex presumiblemente para la compra y coacción del voto. Con ello, el centro de la polémica en la elección se concentró en el presunto financiamiento ilegal de la campaña.

Descubierta la operación, el tricolor inició un proceso de control de daños y reconstruyó la historia para justificar ante el organismo electoral de dónde procedían los recursos. El PRI no reporta que va a contratar un crédito. Se descubre, se sigue la trama y se hace la investigación, y cuando el partido presenta sus informes de campaña señala que contrató un crédito, pero no con ningún banco, sino con empresas mercantiles asociadas (Inizzio, Atama y Alkino), que fueron las que fondearon la cuenta de Monex, explica Figueroa.

El otro punto que el tribunal tiene que definir es si el IFE estuvo en lo correcto al determinar que el dinero de Monex sirvió para fondear gastos de campaña del PRI, lo que fue impugnado por ese partido, señala Nacif.

Pablo Gómez, representante del PRD ante el INE, plantea que el tribunal debe obedecer el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que los gastos de estructura electoral de los representantes de los partidos son de campaña.

El IFE dijo que no eran gastos de campaña, o sea Alfredo Cristalinas, porque no le daba la gana, y lo apoyaron los consejeros. Considerando los recursos de campaña, el PRI aparecería en 2012 con un nivel muy alto de gasto con el cual logró la Presidencia de la República, más de lo que la ley permite.

La polémica de la triangulación financiera del tricolor tuvo como consecuencia que la secuela poselectoral se concentrara en el financiamiento de las campañas y el presunto rebase de los topes de gastos. Las posibilidades que entonces confería la ley para el prorrateo motivó un desenlace insólito: el candidato de la coalición de izquierda que denunció (Andrés Manuel López Obrador) los excesivos gastos de Peña Nieto resultó ser el único que rebasó el tope de gastos de campaña presidencial, según la resolución del IFE.

Sin embargo, en lo que concierne al gasto de la coalición Compromiso por México, de la fiscalización realizada entonces por el desaparecido Instituto Federal Electoral se desprendía que al menos 187 candidatos del PRI habían violentado el tope de gastos, la gran mayoría de los cuales están por concluir su encargo sin que públicamente se conozca.

Casi dos años después de la revisión de los gastos de campaña, en vísperas de que los legisladores que llegaron presuntamente violentando la ley concluyan su encargo, aún no hay una resolución del TEPJF. En su momento, 187 candidatos del PRI-PVEM violaron el tope de gastos de campaña para diputados o senadores.

El representante del PRI ante el INE, José Antonio Hernández Fraguas, se declaró confiado en obtener un dictamen favorable, porque la multa original ya se rebajó de 60 millones de pesos a unos 28 millones, al comprobarse la legalidad de algunos contratos.

Se preguntó por qué sólo al PRI se le critica que prorrateó los gastos de Peña Nieto, cuando otros partidos políticos lo han hecho antes y también han rebasado topes de campaña. El problema, señaló, es que al PRD le salieron mal las cuentas.

A la distancia, sin resolverse las quejas sobre Monex que presentaron el PAN y el PRD –el 6 de febrero de 2013, radicadas en la oficina de Constancio Carrasco–, ni los recursos sobre los gastos de campaña, Pablo Gómez externa su desaprobación sobre los tiempos del tribunal y comenta sus acercamientos.

Descartó que el tribunal esté haciendo pesquisas, porque los jueces no investigan. “A varios magistrados les he preguntado lo de Monex y me han dicho: ‘de momento nadie tiene interés en que eso se resuelva’. ‘No es verdad’, les dije. ‘Yo tengo mucho interés’. Se hacen que la virgen les habla”.