Mezcala, en la ribera norte del lago de Chapala, es un poblado habitado por indígenas coca que desde hace casi tres lustros defienden sus tierras comunales del acoso empresarial. Han sido testigos de que en las localidades aledañas crezcan los desarrollos inmobiliarios, la mayoría para ser residencia permanente de jubilados de Canadá y Estados Unidos.

Desde las montañas que rodean este pueblo de seis mil habitantes se ve un abundante y plácido lago. A diferencia de Chapala, donde el nivel del agua es voluble desde hace años, ya que un año se acerca y al siguiente se aleja del malecón, aquí esto no sucede, pues por lo general el agua es abundante por los innumerables veneros que dotan de líquido al lago.

En la zona que rodea al embalse está la lógica de construir en los cerros, para tener la vista del lago y las montañas. Mezcala es el único lugar que no ha sido fraccionado, pero los empresarios buscan llegar a él, señala Rocío Moreno, originaria del lugar, y explica que extranjeros residen permanentemente en Chapala, Jocotepec y Ajijic.

Considera que ese es el interés del empresario jalisciense Guillermo Moreno Ibarra, propietario de la empresa Carbonato de Calcio Sol y socio de la empresa inmobiliaria Vista del Lago en San Nicolás, aledaño a Mezcala. Llegó a la zona en 1999 y se coludió con el comunero Crescenciano Santana para ocupar unas nueve hectáreas de propiedad comunal. Desde entonces se desató un conflicto que ya llevó a la cárcel al menos a 10 comuneros y aún hay un litigio agrario.

Son 3 mil 600 hectáreas de tierras comunales que no pueden venderse ni rentar, como sí ocurre con los terrenos ejidales, explica por su parte Rubén Ávila, abogado de los comuneros.

La mayor parte de los actuales propietarios de la tierra son hijos de los primeros dueños y formaron el colectivo de comuneros que se dedica al ecoturismo y a promover talleres de embutidos, entre otras actividades.

A la entrada del poblado está el panteón. Las calles estrechas desembocan en la plaza central, donde hay mujeres sentadas que salieron o esperan entrar al centro de salud; también hay puestos de comida. Ahí, José Luis Claro, hijo de un comunero, platica del conflicto que comenzó cuando Moreno Ibarra taló parte del cerro y construyó una casa. Al principio, dice, ocupó dos hectáreas, pero con los años se extendió.

Los pobladores iniciaron un juicio agrario, ya que Moreno se ostentaba como dueño de la propiedad, con un título sin firma y sólo con la huella digital de un comunero que le habría cedido sus derechos: Crescenciano Santana. Lo peor que pasó y que molestó mucho a la gente fue que destruyó una cueva subterránea sagrada. Empezó a amenazar a los comuneros. Creó un grupo paramilitar de mujeres llamado Las Águilas. Dividió a la comunidad, les daba apoyos a los más pobres y los reclutaba en ese grupo, con engaños de que tendrían trabajo. Desvió cauces de agua hacia una represa que hizo en un predio conocido como El Pandillo, agrega.

Luego de que en una asamblea comunal, en 2010, se tomó la decisión de retirar una antena que Moreno Ibarra instaló en el predio, éste los demandó por daños a su propiedad y al menos 10 comuneros fueron detenidos, acusados de robo calificado. En septiembre pasado se dio una resolución del tribunal unitario agrario de distrito a favor de la comunidad, y condenó a Guillermo Ibarra y a Crescenciano Santana a restituir la superficie a los afectados, pero éstos presentaron un recurso de revisión, del cual dará vista el Tribunal Superior Agrario en el Distrito Federal, explicó el abogado Rubén Ávila.