Resulta imprescindible que para la extracción de gas natural, permitida en la reforma energética, México cuente con una legislación específica que prohíba utilizar acuíferos subterráneos de agua dulce, para no poner en riesgo su provisión para las generaciones futuras, ya que la normativa medioambiental vigente es insuficiente en el tema y no impone medidas de control, mitigación o prevención ni sanciones, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Por cada terajulio de energía producido por el gas natural convencional o no convencional, así como por el gas esquisto, se gastan entre 0.001 y hasta 100 metros cúbicos de agua, además de que 10 por ciento del proceso utilizado para ello es de perforación y el restante 90 por ciento por fractura hidráulica, método muy controvertido por sus potenciales peligros para el medioambiente y las comunidades, indicó el organismo en un estudio sobre la gobernanza del gas natural no convencional para el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe, en el que incluyó análisis específicos sobre México, Argentina, Brasil y Colombia.

Refirió que incluso la Agencia Internacional de Energía y la Unión Europea han emitido recomendaciones para la explotación de energéticos no convencionales, que van desde el compromiso con comunidades locales y el respeto a lineamientos ambientales básicos, como la calidad de agua subterránea, antes de comenzar cualquier actividad, hasta información sobre el volumen y características del agua que se ocupan en los proyectos energéticos y el establecimiento de reglas sólidas para la construcción de los pozos de extracción del gas.

Si bien resulta importante que América Latina desarrolle energías limpias como el gas natural, porque es una región importadora de ese energético, con su desarrollo el derecho a la alimentación debido a la contaminación de tierras de cultivo o pastura, así como el libre tránsito o la vivienda, son temas que resultan preocupantes para la región, indicó.

En el caso de México advirtió que aunque la reforma energética y la promulgación de las leyes secundarias en agosto del año pasado llevaron a la apertura el negocio hidrocarburífero y se establece la posibilidad de yacimientos no convencionales, todavía no se cuenta con normas técnicas ni medioambientales que regulen específicamente la actividad.