El primero de los acuerdos suscritos en diciembre por el gobierno federal y la Asamblea General Politécnica (AGP) indica que deberá crearse la defensoría politécnica de los derechos individuales y colectivos (DPDIC). Hasta el momento, tanto el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, como la AGP han trabajado por separado en sus propuestas, aun cuando los acuerdos señalan la colaboración de ambas entidades.

En entrevista, los alumnos que forman parte de la comisión de la AGP que trabaja en la creación de la defensoría explicaron que se han reunido con relatores de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, porque pretenden que la prioridad del nuevo organismo –que tendrá autonomía e independencia financiera– sea defender los derechos humanos de la comunidad politécnica.

Si bien los acuerdos le dan al director la facultad de publicar el proyecto de reformas al Reglamento Orgánico del Instituto para la creación de la defensoría propuesta –lo cual hizo el 27 de enero–, también señalan que representantes de la AGP y Fernández Fassnacht definirán juntos la estructura del nuevo organismo.

Ahí es donde los alumnos participarán con las propuestas que han trabajado, las cuales difieren en algunos puntos de lo planteado por el titular del instituto.

Las modificaciones propuestas por Fernández indican, por ejemplo, que la defensoría sería encabezada por un funcionario; los alumnos piensan en un cuerpo colegiado que sea elegido por la comunidad politécnica.

Otra diferencia –tal vez la mayor– es que el director habla de que la defensoría, entre otras funciones, conocerá e investigará las presuntas violaciones a los derechos politécnicos. Los alumnos, por su parte, la visualizan como un organismo que vaya más allá de la defensa de los derechos de alumnos y académicos: quieren que trabaje con una perspectiva de derechos humanos.

La idea es que no sólo se nos tome en cuenta como estudiantes, sino como personas y que se respeten esos derechos. Queremos crear entre nuestros compañeros la conciencia de que no se deben violar los derechos humanos, dicen Itzel Vázquez García, de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y Luis Mario Palacios Pérez, de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura-Ticomán.

En el acuerdo Uno se contempla que el organismo de mediación con el que actualmente cuenta el Poli (la Defensoría de los Derechos Politécnicos) se transformará en la Comisión Politécnica de los Derechos Humanos, cuyo titular coadyuvará en el seguimiento de los procedimientos que lleve la defensoría. Pero los alumnos quieren que éste último organismo sea el encargado de velar por el respeto a los derechos fundamentales.

Queremos que la DPDIC no sea un ente limitado, sino que cubra los derechos humanos, que sea parteaguas entre las universidades de América Latina que cuentan con este tipo de organismos, afirma Itzel Vázquez.

Palacios Pérez sostiene que a la comisión de la AGP le urge trabajar con Fernández para darle nuestra visión de cómo queremos que sea la defensoría y porque queremos instalar dos sedes del organismo. Pensamos que una podría estar en la Vocacional 6, para atender a la comunidad de unidades del IPN del norte de la ciudad, y otra en la Vocacional 13, para los del sur.