Docentes de los estados de Guerrero, Michoacán, Sonora, Puebla, Distrito Federal y Tamaulipas denunciaron que los protocolos de seguridad impulsados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) desde el sexenio pasado, sólo se quedaron en discursos y buenas intensiones. En los hechos, no hay voluntad de los gobiernos estatales y federal para dar respuesta puntual a la exigencia de garantizar condiciones de confianza en los planteles escolares.

Centros educativos sin barda perimetral, puertas o ventanas; escaso apoyo de la autoridad responsable ante hechos persistentes de asaltos, extorsiones o secuestros, a lo que se suman contextos comunitarios en los que la división entre la policía y la delincuencia organizada simplemente no existe, ubican a las escuelas en indefensión total, afirmaron tras destacar que a casi ocho años de la aplicación del Programa Escuela Segura (PES), los resultados no son nada alentadores.

De acuerdo con el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), tres de cada 10 planteles de prescolar, primaria y secundaria carecen de barda perimetral completa, mientras 53.6 por ciento sólo tiene una malla ciclónica. Agrega que únicamente 40 por ciento de los centros escolares públicos tiene cercado de tabique, ladrillo, piedra, cantera, cemento o concreto.

Docentes de primaria y secundaria en comunidades de Guerrero –que demandaron el anonimato ante eventuales represalias– señalaron que al carecer de una política pública de contención, las escuelas públicas han sido las primeras víctimas. No sólo en Acapulco o Chilpancingo se ha detectado la reducción de matrícula debido a este fenómeno. Las familias deciden irse de un día para otro, y el niño no regresa al salón de clases.

Un maestro con 14 años de experiencia en escuelas rurales de la sierra guerrerense afirmó que hace casi dos años, la situación fue insostenible por tanta violencia y casi todo el magisterio se bajó de la montaña porque no había condiciones para el desarrollo de su trabajo. Fueron seis meses terribles. Las escuelas permanecen abiertas en el papel, en reportes de la SEP, pero en los hechos los planteles están cerrados porque hay verdaderas comunidades fantasma.

En otras regiones, indicaron maestros disidentes, como Michoacán y Tamaulipas, “las cosas no son muy diferentes. A las escuelas se les pidió aplicar acciones como el PES, luego eso que se llamó el botón de pánico, y el reforzamiento de los patrullajes en los entornos de centros escolares en los que hasta participaron el Ejército y la Marina, ¿y qué cambio?: nada. Seguimos con los secuestros y los levantones”.

En cuanto a Sonora y Puebla, destacaron que llevamos varios años con los llamados botones de pánico, pero el problema es que no sabes a qué te expones si denuncias ante la policía. Y los planteles que se encuentran en zonas de alto riesgo son las más afectadas.

En la capital del país, afirmaron educadores de primaria y secundaria, simplemente se trata de protocolos administrativos.

Agregaron que si bien no se presentan los altos índices de violencia como en otros estados, como podemos le hacemos frente a las emergencias del día a día. Tan sólo en cuestiones de protección civil carecemos de mínima capacitación. Todo lo hacemos por lógica e intuición, pero ni la SEP ni la administración capitalina han verificado las condiciones de seguridad de cada escuela.

Al respecto, el Cemabe revela que de casi 150 mil planteles censados, sólo 9 por ciento cuentan con alarma sísimica, otro 62 por ciento carece de señales de protección civil, 57 por ciento no tiene rutas de evacuación, y unos seis de cada 10 no dispone de salidas de emergencia.