odo lo que pueda ayudar a los oprimidos a autorganizarse e independizarse del Estado y de los órganos de mediación de éste, y todo lo que pueda reafirmar su conciencia crítica y ayudarles en su lucha contra el sistema de opresión, es válido. Una táctica política activa, positiva, sirve además para impedir que un movimiento se desmoralice o desorganice ante la falta de perspectivas y posibilidades de acción o, peor aún, caiga en acciones desesperadas y aventureras y estallidos armados prematuros que podrían serle funestos.

La participación o no en las elecciones convocadas para renovar las instituciones estatales (gobernadores, alcaldes, legisladores) no es una cuestión de principios sino meramente táctica, a pesar de que costó mucho conquistar el derecho al voto y, en las ocasiones en que tiene algún sentido utilizarlo, lo mejor es votar, aunque sea para expresarse con el voto de repudio.

Las elecciones de junio son, para el gobierno, un intento de demostrar una supuesta normalidad democrática para encubrir la dictadura de una oligarquía sangrienta y corrupta y mantener mal que bien la marcha –desastrosa para los pobres de México– de quienes regalan el país al gran capital financiero y hacen negocios lucrativos por todos los medios lícitos e ilícitos.

En algunos estados no existe aún una fuerza popular suficiente como para rechazar esa maniobra legal y oponerle una alternativa, pero Guerrero, como siempre en su historia, presenta una situación diferente, que legitima y hace posible el boicot a unas elecciones en las que pretenden renovarse o refrendarse los siervos de Los Pinos y los cómplices del terrorismo de Estado y del narcotráfico.

En Guerrero, con las policías comunitarias, con las asambleas municipales, con la unidad creciente de los movimientos sociales para enfrentar a la delincuencia organizada y al caciquismo político-militar, se están organizando las bases de un poder popular incipiente.

Las raíces del mismo se afirman en la historia campesina, a partir de la Independencia, pasando por el socialismo de Acapulco a principios del siglo pasado, y por las luchas de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas en los años 70, o por las luchas contra el despojo de los madereros. También impulsan las protestas, el descontento, el odio a los asesinos y hambreadores, las políticas neoliberales que desde mediados de los años 80 vienen despoblando y empobreciendo al Guerrero rural y que ahora, en la actual crisis económica, con las resoluciones gubernamentales le darían el tiro de gracia a la agricultura campesina.

Después de Tlatlaya y, sobre todo, de las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa, no sólo los estudiantes y los campesinos, sino también varios otros sectores y sacerdotes rurales se organizan detrás de los padres de los desaparecidos, los cobijan y resguardan, apoyan sus decisiones políticas, que pesan también en las organizaciones y movimientos que se están uniendo y los respaldan.

El llamado a boicotear las elecciones en Guerrero tiene así una base de masas y una dirección en rápida formación. Además, el boicot es una política activa y que organiza, a diferencia de la abstención, que es pasiva y que diluye el voto de protesta en el mar de los indecisos, despolitizados, enfermos y ausentes.

El boicot presupone una campaña para evitar la asistencia a las urnas, el cierre del acceso a las mismas, la negativa a prestar cualquier asistencia electoral y, también y sobre todo, la presentación de una alternativa. O sea, de asambleas municipales, comunales, regionales para elegir auténticos representantes populares, no designados por los partidos sino surgidos directamente de la comunidad en lucha.

Esto diferencia profundamente el boicot propuesto por los padres de Ayotzinapa de la mera abstención propuesta en las dos últimas elecciones generales por el EZLN, que no convenció ni en Chiapas y sólo sirvió para que Calderón ganase por un puñado de votos a su oponente que, pese a sus limitaciones políticas, habría ahorrado a México miles de muertos y desapariciones y la destrucción completa de la legalidad.

Porque el fondo de la cuestión reside en que el boicot a las elecciones en Guerrero sólo es posible y tiene sentido si sirve a la organización del poder popular, desconociendo el poder estatal, sus instituciones, sus instrumentos políticos (como los partidos del régimen). Boicotear sólo es posible construyendo redes de resistencia, politizando y organizando en masa, separando amigos y enemigos a escala nacional.

En este sentido, Morena, que nombró candidatos para Guerrero en buena parte seleccionados entre ex militantes del PRD, un partido palero del PRI, se encuentra en una encrucijada: o apoya a los padres de los normalistas y al movimiento en sus decisiones, optando por la lucha social o, por el contrario, prefiere transformarse en PRD-bis, o sea, en un partido electoral funcional a la política del peor gobierno que jamás ha tenido México. Para Morena no hay vía intermedia ni tergiversación posible, pues decir que presenta candidatos para evitar que los puestos sean ocupados por gente del gobierno, y para denunciar a éste desde ellos, es simplemente ridículo y no convence a nadie, de modo que tampoco acarrea muchos votos a una elección que, a la vista de todos, aparece como una imposición de Los Pinos para dar por acabado el caso Ayotzinapa.

Hay momentos para nadar de muertito y otros en los que es indispensable una posición clara que definirá de una vez por todas el objetivo de una organización política.

Este es uno de ellos. O con la protesta, junto a los valientes padres y madres de los normalistas y el poder popular naciente en Guerrero, o con los alquimistas políticos de PRI-PAN-PRD, los narcos, Washington, el gran capital. Todos deberán elegir su posición.