Las políticas de salvaguardas ambientales y sociales que promueve el Banco Mundial en los proyectos que él mismo financia y sobre las cuales realiza consultas en Perú desde ayer, dejan inconformes a organizaciones civiles y movimientos sociales de América Latina, pues dejan a los gobiernos el criterio de la aplicación de medidas de protección ambiental, pese a que la legislación de muchos países es laxa.

En un pronunciamiento, ponen de ejemplo que en México, en 2014, se aprobó un conjunto de regulaciones energéticas que dan proridad a los hidrocarburos, el gas y la energía sobre cualquier otro uso de la tierra, con lo que se permiten expropiaciones expeditas de tierra y se ignoran las áreas naturales protegidas.

Señalan que en el borrador de la nueva Política Ambiental y Social y el de Estándares Ambientales y Sociales, que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF –parte del grupo del Banco Mundial– lleva a consulta, se deben tomar en cuenta las propuestas de la sociedad civil y abstenerse de adoptar una política ambiental y social que desmejore los estándares existentes.

Entre las organizaciones que suscriben el pronunciamiento están la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y Fundar.

El documento sostiene que el contenido de la nueva política y los nuevos estándares ambientales y sociales que el Banco Mundial propone tiene algunos avances, pero los retrocesos y debilidades presentes sobrepasan ampliamente los aspectos positivos.

Algunos puntos que cuestionan son que el organismo financiero deja abierto el cumplimiento de los estándares, pues no define claramente cuándo ni cómo se debe cumplir con lo establecido en la política, y que el marco propuesto tiene alcance limitado, ya que se aplicará a los préstamos de inversión y quedan fuera instrumentos financieros como los préstamos para desarrollo de políticas.

Además, señalan las agrupaciones, en una región como América Latina, con altos índices de desigualdad, el borrador no incluye requisitos para asegurar que las comunidades pobres y grupos excluidos no sean afectados de forma negativa por proyectos del banco.