La aplicación del nuevo sistema de justicia penal será paulatina, y aun cuando la ley prevé que deberá estar en vigor en todo el país hacia junio de 2016, la infraestructura y operación ideal estará completamente lista dentro de una década.

“Tenemos que hacer un plan de acción para cumplir, quizá no con toda la infraestructura ideal que se requiere para su aplicación, pero sí la fundamental y básica que sirva para operar de manera adecuada.

Esto tendrá que llevar un plazo mayor para cumplir con todo lo que se requiere, por eso estamos haciendo un plan estratégico con metodología para 2018, 2020 y 2025, dijo María de los Ángeles Fromow, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal.

Actualmente, sólo cuatro entidades tienen una operación total del sistema (Chihuahua, Morelos, estado de México y Yucatán); 25 están clasificadas como operación parcial y tres entrarán este año a esa etapa intermedia. Es decir, acusan mayor rezago Michoacán, Baja California Sur y Sonora.

Fromow explicó que la evaluación a estados no será sólo de las instalaciones, sino también de calidad en la aplicación de justicia: audiencias, mediación e investigación científica, entre otros.

En la capital del país, por ejemplo, se inició con la metodología del sistema. A escala nacional, los avances serán paulatinos y el compromiso de la autoridad federal para el vencimiento del plazo legal, en junio de 2016, es tener la infraestructura básica para la operación de los juicios orales, aunque en el discurso y en los comunicados se hace alusión al cumplimiento del compromiso constitucional, cuyo vencimiento es el año entrante.