Una juez federal admitió una demanda de amparo interpuesta por el coronel Raúl Castro Aparicio, comandante del 102 batallón de infantería, al que pertenecían los ocho militares detenidos e involucrados en el caso Tlatlaya, estado de México. El oficial manifestó en su escrito de demanda el temor a ser detenido y torturado por autoridades policiacas.

Según consta en el expediente 1048/2014, al que tuvo acceso La Jornada, el coronel Castro Aparicio presentó una demanda de amparo en el juzgado séptimo de distrito en esa materia contra cualquier orden de aprehensión, arresto o acto privativo de libertad, así como contra su posible incomunicación y maltrato.

Varias autoridades ministeriales y policiacas, entre ellas la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal y diversos jueces federales han informado al juzgado séptimo de amparo que no es cierto el acto reclamado, es decir, que negaron que existiera un mandato de captura contra Castro Aparicio.

No obstante, falta que una decena de jueces de otras entidades rindan sus informes justificados al juzgado de amparo.

Castro Aparicio fue removido del mando del 102 batallón de infantería semanas después que 22 civiles –presuntos integrantes de una banda de secuestradores– murieron en una bodega de Tlatlaya, en el estado de México.

El expediente de la PGR, abierto como parte de la investigación de ese caso, recoge testimonios que indican que el 30 de junio pasado el coronel Castro Aparicio llegó al lugar de los hechos un par de horas después del enfrentamiento.

Hasta el momento la PGR no cuenta con pruebas que definan si Castro Aparicio tuvo alguna participación en la alteración de la escena del crimen en la bodega de Tlatlaya.

Funcionarios del Poder Judicial Federal entrevistados indicaron que este tipo de amparos son muy comunes y buscan que una persona obtenga información sobre su situación jurídica.