El hecho de que el gobierno mexicano pueda tener una base de datos confiable sobre víctimas de desaparición forzada hasta 2016 –de acuerdo con mandos de la Procuraduría General de la República (PGR)– comprueba que las autoridades ignoraron durante años este fenómeno, a pesar de su gravedad y de los constantes llamados para atenderlo, señalaron activistas de organizaciones sociales.

Nadin Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, subrayó que la imposibilidad de tener dicho registro desde ahora muestra la falta de voluntad política del Estado mexicano para crear una base de datos nacional, que ha sido una demanda de las organizaciones de derechos humanos desde hace muchos años.

Además, deja ver que nunca ha existido un registro de casos de desaparición forzada, donde no estuvieran mezclados con los de personas extraviadas o ausentes. Por eso van a tardar todo este tiempo, porque no lo hicieron antes y ahora la magnitud del problema los obligó a postergarlo otro año.

Reyes consideró que la falta de registro de personas desaparecidas obedece a que el gobierno mexicano no quiere admitir la persistencia de este delito, porque implica una responsabilidad que no está dispuesto a asumir.

Si tienen voluntad política, deberían abocarse desde ahora y no retrasarlo más tiempo, dijo la activista, quien recordó que en marzo próximo México deberá explicar si ha cumplido las más de 30 recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas –dependiente de la Organización de Naciones Unidas–, luego de su visita al país en 2011.

Por su parte, Blanca Hernández, de la Fundación Diego Lucero, advirtió que las cifras del gobierno federal no son confiables, porque siempre ha tratado de restar importancia al tema de las desapariciones forzadas para no aceptar su responsabilidad.

Están haciendo un trabajo con más de 40 años de retraso y el problema es que desde los años 60 y 70 las desapariciones siguen, pero no llevan la contabilidad porque no quieren reconocerla. No podemos confiar en sus números porque los agentes del Ministerio Público no reciben muchas denuncias o las reclasifican para dar cifras menores a las que en realidad existen, aseveró.

Si en sus inicios la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció únicamente 530 casos de desapariciones forzadas cometidas en las décadas anteriores, y el número de los colectivos civiles era de mil 200, ahora si nos dicen que hay 22 mil desaparecidos, tendríamos que pensar en el doble.