Ginebra.

Organizaciones de defensa de los derechos humanos entregaron ayer lunes al Comité sobre Desapariciones Forzadas, dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), una petición para que exhorte al gobierno de México a reabrir el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que permanecen desaparecidos.

El expediente de la desaparición de 43 normalistas fue parcialmente archivado la semana pasada por el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, con el argumento de que los estudiantes habían sido detenidos por la policía municipal de Iguala el 26 de septiembre de 2014 y entregados a la banda criminal Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en un deposito de basura cerca de Cocula, arrojando los restos a un río.

Representantes de los centros de derechos humanos Tlachinollan, Miguel Agustín Pro Juárez, así como la organización Amnistía Internacional (AI), que acompañan en Ginebra a familiares de los estudiantes desaparecidos, afirmaron que el Estado mexicano ‘‘es incapaz de erradicar la desaparición forzada en el país’’.

El caso ‘‘muestra que el país enfrenta hoy una grave crisis en esta materia’’, dice el documento de las organizaciones no gubernamentales presentado al comité de la ONU.

El documento solicita ‘‘un fuerte pronunciamiento para condenar la desaparición forzada de los 43 estudiantes y para exigir justicia, verdad y reparaciones en este emblemático caso. Las investigaciones empezaron con ocho días de retraso y la indagatoria no comenzó por el delito de desaparición forzada, sino por delincuencia organizada’’.

‘‘Ninguna de las instancias que el informe del Estado presenta como estructuras competentes y funcionales para investigar las desapariciones’’ intervino en el caso, agrega. En las acusaciones sólo figuran los delitos de secuestro y crimen organizado, y no el de desaparición forzada, subrayaron estos organismos.

Se ignoró la opinión de expertos

Además, deploraron que la Procuraduría General de la República haya ‘‘cerrado’’ prácticamente el caso, sin que sus conclusiones sean avaladas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, de renombre internacional, y que tampoco esperara conocer los resultados de la misión del panel de cinco expertos de Chile, Colombia, Guatemala y España, designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano competente de la Organización de Estados Americanos, requerido por el gobierno de México y la sociedad civil.