icen que la historia la escriben los vencedores, y México no es la excepción. Desde la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en 1946, nuestra historia ha sido definida por un grupo de funcionarios públicos e intelectuales orgánicos cuyo único interés ha sido aumentar su poder y riqueza personales.
La inaceptable soberbia demostrada por Jesús Murillo Karam el martes pasado al declarar su hipótesis sobre la masacre de Iguala como la verdad histórica
condensa la lógica de poder autoritario que ha predominado en el país desde hace 69 años. Afortunadamente, una nueva historia ya empieza a escribirse.
Una de las funciones principales del PRI desde su fundación ha sido poner la historia nacional de cabeza.
El presidente Lázaro Cárdenas del Río fundó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con la finalidad de dar fuerza política a las conquistas sociales de la Revolución Mexicana.Aquel instituto político nació el 30 de marzo de 1938, apenas dos semanas después de la histórica expropiación petrolera encaminada a modernizar el país.
Ocho años después, el remplazo de la palabra mexicana
por institucional
y la transformación de revolución
en revolucionario
simbolizarían la traición histórica del proyecto social originario de la Constitución de 1917.
Desde el sexenio del primer presidente priísta, Miguel Alemán Valdés, hasta la fecha, el régimen ha buscado remplazar la gran historia mexicana de luchas y conquistas desde abajo con una nueva historia institucional
, donde los verdaderos constructores de la patria serían los burócratas ilustrados
de arriba.
Hoy, los gobernantes repiten la misma fórmula al desconocer a los padres de familia como interlocutores e imponer su versión de los hechos del 26 de septiembre. El Todos somos Ayotzinapa
de Enrique Peña Nieto y la verdad histórica
de Murillo Karam no son más que dos ejemplos contemporáneos de la continuidad de siete décadas de hipocresía, suplantación y simulación institucionalizadas.
Afortunadamente, la sociedad hoy cuenta con armas que no tenía en el pasado. Por ejemplo, el artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dice claramente que está prohibido obstaculizar el acceso a documentos públicos cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad
.
La inclusión de esta importante cláusula se logró en 2002 gracias a la activa participación de organizaciones de la sociedad civil en la redacción de la nueva ley y fue diseñada específicamente con la intención de evitar la opacidad y los eventuales carpetazos de casos como la guerra sucia de los años de 1970 y masacres posteriores.
Recientemente, dos organizaciones de la sociedad civil –Fundación para la Justicia y Artículo 19– lograron obligar al Ifai y la PGR a divulgar importantes documentos sobre la complicidad oficial con la masacre de docenas de migrantes en San Fernando, Tamaulipas de 2010. En general, la apertura de documentos públicos por motivos de derechos humanos se ha vuelto más fácil desde la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
No existe duda alguna de que el caso de Ayotzinapa constituya una violación grave de derechos humanos
. Les guste o no a los nuevos dictadores de la verdad histórica
, tarde o temprano todos tendremos acceso a las 386 declaraciones, dos reconstrucciones de hechos, 16 cateos, 39 confesiones, 87 peritajes y 153 inspecciones ministeriales, 85 tomos y 13 anexos que las autoridades dicen tener.
Y es importante señalar que quienes ya han visto una parte importante de este material, como Anabel Hernández y Steve Fisher, de la Universidad de Berkeley, han llegado a conclusiones radicalmente distintas a las del cansado procurador.
Pero sólo un activista muy ingenuo apostaría exclusivamente a la vía legal para llegar al fondo del crimen de Estado de Iguala.
Si bien la eventual revisión ciudadana de los 85 tomos será sumamente útil para echar abajo las mentiras oficiales, sólo la acción ciudadana permitirá descubrir la real verdad histórica, así como establecer condiciones para evitar que vuelva a ocurrir una masacre similar.
Por ello son motivo de gran esperanza dos importantes iniciativas de articulación social que se lanzarán este jueves 5 de febrero en el 98 aniversario de nuestra Constitución revolucionaria.
En la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos se instalará una Convención Nacional Popular con el objetivo de darle rumbo al movimiento nacional
que ha surgido alrededor de la causa de Ayotzinapa. Y en el CUC (Centro Universitario Cultural), en Ciudad Universitaria, se presentará el proyecto de un nuevo Constituyente Ciudadano y Popular, cuya finalidad será edificar la unidad para poner en marcha la Refundación Nacional
.
Ambas iniciativas construyen sobre la importante experiencia del Congreso Popular que tuvo lugar el pasado 5 de febrero en el Movimiento a la Revolución (véase).
Con iniciativas de largo aliento como éstas, complementadas con acciones directas, como las encabezadas por los policías comunitarios y los maestros en Guerrero, el pueblo mexicano ya empieza a darle la vuelta a las mentiras oficiales y escribir su propia historia de luchas verdaderas.
Twitter: @JohnMAckerman
