Chilpancingo, Gro.

La Fiscalía General determinó no desistirse de la acción penal, como solicitó el gobierno estatal el pasado 8 de enero, contra Nestora Salgado García, comandante de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria, presa en un penal federal de Tepic, Nayarit, acusada de secuestro.

En un comunicado, el gobierno de Rogelio Ortega Martínez informó que la fiscalía le comunicó la decisión, ante lo cual la administración estatal continuará mostrando disposición para explorar las posibilidades jurídicas con el fin de recabar los suficientes elementos que permitan la liberación de Salgado.

El titular del Ejecutivo estatal, señaló el texto, hace un llamado a las organizaciones sociales y a los grupos que apoyan la liberación de Nestora Salgado a conservar la prudencia y el entendimiento, así como a esperar los análisis que se realicen de forma jurídica para resolver el caso.

Determinación política: defensa

En tanto, la defensa de Salgado García reprobó la decisión de la fiscalía de Guerrero y aseguró que se trata de una determinación política, dado que no atendió la solicitud de audiencia para presentar pruebas de descargo contra la inculpada.

El diputado federal Roberto López Suárez, quien encabeza la defensa de la dirigente de las guardias comunitarias, expuso que el ex procurador Iñaki Blanco y el ex subprocurador de atención a víctimas de la entidad Miguel Martínez Chávez, presionaron para evitar el desistimiento de la autoridad estatal de los delitos de delincuencia organizada y secuestro.

El legislador denunció que la decisión de la fiscalía, a cargo de Miguel Ángel Godínez, se alejó por completo de la jurisprudencia. “No tomó en cuenta la resolución de un juez federal –adoptada el 31 de mayo de 2014–, que dictó el auto de libertad por los delitos de delincuencia organizada y secuestro”.

Por constituir esto una decisión política, porque indignan la impunidad y las omisiones, convoco al fiscal a reflexionar, señaló.

La defensa también descartó que el gobierno federal trate de mantener en prisión a la agente comunitaria, porque apenas el miércoles pasado el Ministerio Público Federal intentó librar dos órdenes de aprehensión contra ella por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, y un juez federal las negó.