El Estado mexicano no ha hecho lo suficiente para resolver la crisis generada por las decenas de miles de desapariciones forzadas que han ocurrido en el país desde 2006, pues no ha investigado ni juzgado a los responsables de dichos crímenes, lo cual ha generado un fenómeno de impunidad que ha hecho todavía más grave este problema.

Tal es una de las principales conclusiones que diversos colectivos de derechos humanos presentarán este 2 y 3 de febrero en el contexto del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés), organismo que analizará por primera vez los avances del país para cumplir sus obligaciones internacionales en esta materia.

En las audiencias, a realizarse en Ginebra, Suiza, Amnistía Internacional presentará un informe –disponible en la página web de la CED– en el cual advierte que en México la tipificación del delito de desaparición forzada no cumple con las normas internacionales, porque desconoce las múltiples formas en que un servidor público puede estar involucrado en los hechos.

De igual forma, señala que las detenciones arbitrarias –que suelen ser el inicio de una desaparición forzada– son una práctica persistente y muy extendida en México y forman parte habitual de la actuación policial y militar en la investigación de delitos graves. Sin embargo, las medidas tomadas hasta el momento para prevenirlas son insuficientes.

Por su parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica en su respectivo informe que a pesar de las múltiples recomendaciones para que México limite la participación de los militares en labores de seguridad pública (uno de los elementos que detonó el fenómeno de las desapariciones forzadas desde 2006), el gobierno no ha tomado acciones para hacer que los soldados vuelvan a los cuarteles.

Asimismo, lamentó que pese a haber firmado y ratificado los principales instrumentos en materia de desaparición forzada, México sigue sin admitir la facultad del CED para recibir quejas individuales, como lo establece el artículo 31 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

De su lado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan destacó en su informe los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, donde tres normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y 43 más desaparecidos, y subrayó el papel diversos servidores públicos en dicho crimen, así como la falta de capacidad del Estado para esclarecer el delito y encontrar a las víctimas con vida.