a presencia de los familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa ante el Comité de Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas, que sesiona en Ginebra, Suiza, es un escenario lógico y previsible ante la falta de justicia y esclarecimiento para las vícti­mas de los sucesos del 26 de septiembre pasado en Iguala, Guerrero, y habida cuenta de que las autoridades mexicanas han sido incapaces, hasta ahora, de dar una explicación verosímil y sólida de lo ocurrido. Por el contrario, tras administrar por varias semanas la información oficial correspondiente por medio de versiones y filtraciones de prensa, y enturbiar la percepción social de los hechos, la Procuraduría General de la República ha decidido dar carpetazo al asunto mediante la presentación de una verdad histórica –el asesinato e incineración de los desaparecidos– que deja más preguntas que certidumbre y ha sido cuestionada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales.

Con esas consideraciones presentes, el anuncio de que la propia PGR asistirá ante el referido comité de la ONU para defender los resultados de su investigación constituye un agravio adicional para las familias de las víctimas y para la porción de la sociedad que ha expresado su apoyo a éstas por distintas vías. Pareciera que la PGR tiene más interés en confrontar, en un foro internacional, a los padres de los normalistas, que en esclarecer las deficiencias y las omisiones de sus propias pesquisas.

La realidad, en cambio, es que esas mismas autoridades han sido incapaces de brindar una explicación que satisfaga a los familiares de las víctimas y a los grupos sociales que los han acompañado a lo largo de los más de cuatro meses transcurridos desde la agresión. Por lo demás, la presencia de la PGR ante un comité internacional encargado de abordar casos de desaparición forzada obliga a recordar que esa instancia gubernamental ha sido omisa en formular causas que precisen ese tipo de penalizaciones del delito, como habría sido lo procedente, y se ha limitado a acusar a los presuntos responsables presos por los hechos del 26 de septiembre por secuestro y homicidio.

Hasta ahora, la única verdad histórica indiscutible es que 43 normalistas fueron sustraídos de sus entornos familiares y sociales y que a la fecha no hay noticias inequívocas sobre su paradero; no hay pruebas contundentes sobre los motivos que propiciaron su desaparición –más allá de declaraciones ministeriales presentadas por la PGR– y, con excepción de Alexander Mora Venancio, tampoco hay evidencia alguna de que estén muertos.

La postura de la PGR socava la credibilidad de las instituciones y de los políticos, erosiona las perspectivas de gobernabilidad en el país y aísla del ámbito internacional a la actual administración. El poder público ha renunciado, al parecer, a su oportunidad de mostrar una voluntad de corrección y enmienda, y dar respuesta cabal a los numerosos cuestionamientos a los que ha sido sometido su desempeño en el contexto de la crisis actual.