La iniciativa del jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, para crear la figura de proveedor salarialmente responsable y que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) prevé llevar al pleno en el periodo extraordinario del próximo viernes, fija en 82.86 pesos o más el pago que deberán realizar las empresas que tengan contratos con la administración pública local a sus trabajadores de más baja calificación y les provean de seguridad social.

La iniciativa, pendiente de dictaminar en comisiones, señala que el titular del Ejecutivo emitirá cada año un acuerdo para actualizar gradualmente el importe diario, que como mínimo deberán cubrir las empresas a sus trabajadores y que en ningún caso podrá ser mayor al incremento inflacionario.

Esta actualización gradual, señala la iniciativa, a fin de que a mediano plazo alcance a cubrir la canasta ampliada que calcula el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en su medición de pobreza, de tal manera que el referido importe sea suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación de los hijos.

Refiere que el objetivo final es de 171.03 pesos, planteado en la propuesta de Acuerdo Nacional denominado Política de recuperación del salario mínimo en México y en el Distrito Federal, que Mancera envió al Congreso de la Unión y a la misma ALDF.

La proyecto de reforma incorpora dicho concepto en tres ordenamientos, la Ley de adquisiciones, de Obras públicas y del Régimen patrimonial y del servicios público.