La oposición en el Senado anunció que no aprobará la desaparición de policías municipales, como lo plantea la iniciativa de reforma en materia de seguridad enviada por el presidente Enrique Peña Nieto a este órgano legislativo.

Con diferentes matices, los coordinadores parlamentarios del PRD y del PAN, Miguel Barbosa y Jorge Luis Preciado, respectivamente, señalaron que no hay condiciones para cancelar mil 812 policías locales para dar paso a 32 estatales, y bajo ese acuerdo se iniciará un nuevo periodo de sesiones en el Congreso.

El perredista aseveró al respecto: “el gobierno (federal) está en la ruta de reconocer que la (propuesta) de reforma va a cambiar. Los tres partidos (PRI, PAN y PRD) estamos en la misma lógica.

“Hemos dicho –agregó– que no aprobaremos una iniciativa que violente los principios de federalismo y autonomía para estados y municipios. Vamos a contribuir para que el Ejecutivo federal tenga instrumentos para desarrollar una nueva estrategia en el combate al crimen, pero haremos una propuesta general para que existan ‘controles’ democráticos legislativos, judiciales, sociales y patrimoniales”.

Advirtió que casos como el de Ayotzinapa (el homicidio de 43 estudiantes, con la participación de policías coludidos con criminales, según el veredicto oficial) ponen de manifiesto que no sólo hay mafias, sino un nivel de violencia con rasgos diabólicos.

Es necesario blindar la vida pública, como las elecciones, y atender las causas de la violencia, comentó.

Legisladores de ambos partidos están de acuerdo en tratar el tema apenas se inicie el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, la semana entrante.

Acorde con el plan gubernamental, presentado en noviembre pasado y enviado al Senado el mes siguiente, el nuevo modelo se aplicaría en principio en un bloque de cuatro entidades: Jalisco, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

Desde Los Cabos, Baja California Sur, Preciado consideró que la iniciativa de Peña está mal sustentada, porque propone eliminar la autoridad del municipio cuando haya presunción de infiltración de grupos delictivos, pero no plantea nada cuando una entidad federativa tiene ese problema.

“Hay ejemplos como el de Michoacán con Fausto Vallejo, que su hijo está en la cárcel; el del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva y otros... Hay entidades donde el narco está presente y no se propone nada, si desaparece la autoridad municipal, ¿por qué no también la estatal?”, señaló.

Los panistas subrayaron que su bancada no aprobará la fiscalía anticorrupción, en los términos planteados por el PRI, pues sólo quieren un órgano decorativo. Ambas bancadas darán prioridad además a la reforma política del DF.