El anuncio de la Procuraduría General de la República (PGR) de que las indagatorias sobre el caso Ayotzinapa están prácticamente cerradas es un gesto ‘‘irresponsable y preocupante’’, ya que todavía hay muchos aspectos de la investigación que deberían profundizarse o no quedan totalmente claros, afirmaron diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch (HRW), alertó que las conclusiones de la PGR no pueden ser del todo confiables tomando en cuenta que dependen de forma excesiva de las declaraciones de los inculpados y éstas pueden haber sido obtenidas bajo tortura.

Si bien admitió que la posibilidad de que los normalistas hayan sido asesinados y quemados no es impensable, tomando en cuenta los ‘‘altísimos niveles de violencia y corrupción en México’’, el especialista indicó que sería ‘‘muy irresponsable cerrar la investigación en el caso Ayotzinapa a esta altura’’, pues faltan diversos aspectos por aclararse.

‘‘Es muy difícil confiar en estas conclusiones (de la PGR), porque se basan primordialmente en confesiones, cuando en el sistema de justicia de México la tortura y los apremios para obtener confesiones e información son un problema recurrente.

‘‘Además, a pesar de que un laboratorio austriaco sólo pudo identificar los restos de una de las víctimas, la PGR extrapola sus conclusiones a todas las demás para determinar el destino de los 43, lo cual es inadmisible’’, subrayó Vivanco en entrevista vía correo electrónico.

Enfatizó que para confiar en los resultados de la procuraduría ‘‘es indispensable contar con un dictamen en el mismo sentido de especialistas independientes, como el Equipo Argentino de Antropología Forense’’ o los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Previamente, en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui, Vivanco indicó que las investigaciones de la PGR sobre el tema se habían llevado a cabo con ‘‘bastante negligencia’’, por lo que la versión de que los normalistas fueron asesinados ‘‘no es una verdad histórica, es una versión oficial, hasta ahora’’.

En el mismo sentido, Amnistía Internacional (AI) consideró ‘‘preocupante’’ el anuncio sobre el agotamiento de líneas de investigación, en particular la negativa a abrir otras líneas de la indagatoria, incluida la posible participación de las fuerzas armadas.

Mediante una carta enviada al procurador Jesús Murillo Karam, la directora regional de AI para las Américas, Erika Guevara Rosas, coincidió en que la teoría de la PGR ‘‘se basa sobre todo en declaraciones autoinculpatorias de personas imputadas y con un mínimo de pruebas periciales’’.

Asimismo, dijo que ‘‘cualquier investigación debe tomar en cuenta las demandas de las víctimas que, en este caso, han solicitado que se investiguen las denuncias sobre la colusión entre el crimen organizado y autoridades civiles y militares’’.

De igual forma, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) lamentó que las autoridades federales hayan dado por concluida la indagatoria.

Por su parte, Julio Hernández Barros, integrante de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, señaló que este organismo garantizará a los familiares de los desaparecidos su derecho a recibir atención, independientemente de que reconozcan o no las conclusiones de la Procuraduría General de la República.