a presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un acto de justicia y valentía, disolvió la Secretaría de Inteligencia después de someterla a una inicial depuración. A la vez, envió un proyecto de ley al Congreso para sustituirla por una agencia federal subordinada al Ejecutivo. No obstante, sus jefes principales deberán ser ratificados por el Legislativo y dar cuentas a éste de su gestión. Entre los cambios a un modo de operación que viene de las dictaduras militares, la función de ordenar las escuchas telefónicas pasa a la fiscalía.
Pero los enemigos principales del gobierno argentino no son los servicios de inteligencia heredados de las dictaduras y penetrados por la CIA y el Mossad ni tampoco los jueces venales. Como lo sufren todos los gobiernos posneoliberales en América Latina y el Caribe –Venezuela en primer lugar–, Washington está a la cabeza del golpe suave contra Buenos Aires en unión con la oligarquía financiera-mediática local. Pero también Tel Aviv y sus agentes trabajan a tiempo completo para acabar con el proyecto kirchnerista. El Mossad ha secuestrado y desviado de su historial progresista a las organizaciones judías tradicionales, actualmente en manos de una capilla ultrasionista y apartada de los intereses de la comunidad, pero que la manipula.
La inteligencia y la corporación judicial han sido actores importantes en el plan de desestabilización desde el mandato de Néstor Kirhcner y en diciembre del año pasado tocó el turno de lanzarse al cuello de la presidenta a los miembros de la Secretaría de Inteligencia afectados por las medidas de ordenamiento. Claro, con el apoyo incondicional de los conglomerados mediáticos internacionales, del consorcio multimediático Clarín y el centenario diario oligárquico La Nación.
Son ellos los que están detrás de las extrañas circunstancias de la muerte del fiscal Nisman, evidenciado por los cables de Wikileaks como sumiso a las órdenes de la embajada de Estados Unidos. Han trascendido sus frecuentes viajes a Israel donde rendía informes. Nisman también recibía instrucciones de Jaime Stiuso, jefe de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, donde reinó durante 42 años, relevado del cargo y pasado a retiro en diciembre por órdenes de Cristina Fernández.
Nisman acusó a la presidenta, al canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios del gobierno y activistas sociales, como el combativo piquetero Luis D’Elía, de encubrir la supuesta participación de Irán en los criminales atentados contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la embajada de Israel en ese país. Pero su acusación, basada en las orientaciones estadunidenses e israelíes, ha sido cuestionada por los prestigiosos juristas Eugenio Zaffaroni y Julio Maier, por la postura de la Asociación Argentina de Juristas y la de las máximas autoridades de Interpol y la prensa especializada, que han demostrado que no contaba con las pruebas necesarias para ser aceptada en un tribunal, como también lo han hecho dos jueces federales.
Nisman en su denuncia consideró un delito nada menos que una ley votada por el Congreso de la nación: el memorando de entendimiento con Irán, cuyo fin era destrabar el letargo en que había caído la causa AMIA, entre otras causas por la confabulación de jueces y agentes de inteligencia.
Antes de la llegada a la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina no hubo justicia. Fue desde aquel 2008 que se puso fin a la impunidad y se produjo un aumento de 700 por ciento en las condenas de criminales de guerra de las dictaduras militares. No es casual que las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo hayan apoyado fervorosamente la gestión de Néstor y Cristina.
La depuración y adecentamiento de la inteligencia era una asignatura pendiente que el kirhcnerismo no pudo abordar antes porque lo primero era recuperar la soberanía, poner en pie y hacer producir un país postrado y desindustrializado por el neoliberalismo. Al mismo tiempo, atender graves carencias sociales mediante la distribución más justa de la riqueza y enfrentar los intentos de regresión neoliberal como el ALCA, enterrado en 2005 por Kirchner, Chávez, Lula y Tabaré Vázquez. Últimamente, ha sido la pelea contra los fondos buitres.
Pero campañas desestabilizadoras, como la que usó a Nisman de instrumento, continuarán en un año electoral con el propósito de enlodar a la presidenta y socavar al candidato del Frente para la Victoria. El kirchnerismo molesta y lo quieren quitar del medio, pero ¡no pasarán!
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