nte la previsible caída de los ingresos fiscales por las bajas cotizaciones en el precio del petróleo, entre otros factores, el gobierno federal ha venido anunciando la aplicación de recortes diversos al gasto público. Ayer, el titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, señaló que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad reducirán sus respectivos gastos para el año en curso, por lo que es previsible que contratistas del sector energético del país se vean afectados. Además de esas disminuciones, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el primer monto que puede verse recortado es el correspondiente a comunicación social y publicidad oficial.
En una circunstancia nacional e internacional como la presente, donde a la referida caída en las cotizaciones de crudo se suma la previsible afectación de la renta petrolera, a consecuencia de la privatización del sector energético, resulta lógico e inevitable que las autoridades realicen recortes a varios rubros del gasto público. Ante lo inevitable de esas medidas, lo procedente es que se lleven a cabo con sensatez y de manera justa y equilibrada, sin afectar las funciones esenciales del Estado y mediante mecanismos que garanticen la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas sobre las asignaciones de recursos.
En el caso del gasto de comunicación social, las previsibles disminuciones se realizarán en un ámbito caracterizado por la inequidad y la opacidad, situación que antecede a la actual administración, pero que se ha continuado y acentuado desde 2012. Dicha inequidad se hace evidente con la desproporcional asignación de publicidad oficial a los medios electrónicos de la iniciativa privada, particularmente la televisoras, en contraste con el gasto marginal que se destina a medios sociales, comunitarios e impresos, que son sistemáticamente minimizados por las oficinas de comunicación social de las dependencias federales.
Habida cuenta de la opacidad en el manejo del gasto público destinado a contratar espacios en medios de comunicación, resulta inevitable sospechar que dicho ejercicio se realiza en función de afinidades o diferencias políticas, lo cual evidenciaría una grave distorsión del sentido republicano con que se deben manejar las instituciones y sus recursos. Por ello, con o sin recorte en los gastos de comunicación social, es necesario regular las erogaciones oficiales en ese rubro, reglamentarlas y establecer una distribución equitativa entre medios, de acuerdo con su circulación, su índice de lectorado, su impacto, su trascendencia y su cobertura.
Un elemento de contexto adicional es el hecho de que en momentos en que se discute un recorte al presupuesto gubernamental destinado a publicidad oficial, y a pocos meses de la realización de comicios nacionales, el gobierno federal reparte 10 millones de aparatos televisivos entre la población con el pretexto del apagón analógico. Dicha medida, además de ser contraria a las políticas de austeridad que debieran adoptarse en tiempos de dificultades económicas, resulta cuestionable por cuanto favorece con recursos públicos los intereses de las televisoras privadas y por su potencial uso para fines de proselitismo. Es significativo, al respecto, que el Instituto Nacional Electoral haya ordenado ayer retirar ayer el lema Mover México
de las cajas en las que se reparten esos aparatos, cuya distribución equivale a una suerte de subsidio a consorcios mediáticos ya favorecidos en las asignaciones ventajosas de publicidad oficial y en los términos en los que fue finalmente aprobada la reforma de telecomunicaciones.
